Jorge Costas Arze

La recurrente tiene 60 años y sostiene que sus conocimientos profesionales como auxiliar administrativo están “obsoletos” porque los completó hace más de 30 años y es difícil que pueda lograr un empleo. (Imagen: E&J)  Por:  Rosalina Moreno L a Audiencia Provincial de Vizcaya ha fijado una pensión compensatoria por tiempo indefinido de 2.000 euros para una mujer divorciada que durante el matrimonio tuvo una dedicación plena a su familia y trabajó en la empresa de su marido sin percibir contraprestación alguna ni cotizar.  El tribunal ha estimado su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Getxo que en junio de 2023, en la demanda de divorcio, acordó fijar para ella una pensión compensatoria de 1.000 euros mensuales a cargo de su expareja durante un año. El Juzgado no resolvió sobre la atribución del uso del domicilio familiar que había solicitado. La mujer recurrió reclamando que fuera de 2.000 euros mensuales ...

  Por:  María González Villasevil E l Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado la   procedencia del despido disciplinario  de un trabajador que   mientras estaba en situación de incapacidad temporal   (IT) por dolores generales de la rodilla,   bailaba en unos locales   de los que es regente. La sentencia, disponible en el botón ‘descargar resolución’, considera que el hecho de acudir a locales de ocio —en los que fue visto por el detective privado contratado por la empresa atendiendo a los clientes, dando instrucciones a las camareras, e incluso bailando, entre otras actividades—, revela que  la gonalgia que sufría   no le suponía una limitación  para esas actividades y, por tanto, tampoco lo tendría que suponer para su trabajo habitual como peón de limpieza. Y, si el reposo es determinante para la mejora de esos dolores generales de rodilla que padece, el trabajador ha estado perjudicando su recuperación de la salud a...

  Por:  Noelia Bauzá Serra L a STS n.º 753/2024 analiza un supuesto en el que la Sala de instancia había acordado la nulidad de las actuaciones desde el comienzo de la instrucción, por considerar que se había producido una  vulneración del derecho fundamental a la intimidad  (artículo 18 de la Constitución). En concreto, la causa se había iniciado a partir de la grabación de conversaciones captadas por un sujeto (interlocutor) que, posteriormente, las puso a disposición de la Fiscalía para que procediera a la investigación. La Sala de Instancia fundó la nulidad de las actuaciones en dos motivos: Las grabaciones  se habían obtenido de forma subrepticia  y quien las realizó carecía de interés legítimo que le habilitara para captarlas. Las citadas grabaciones  eran copias y no archivos auténticos  y, entendió la Sala enjuiciadora, que no quedaban cumplidos los requisitos de autenticidad e integridad exigidos. El Ministerio Fiscal recurrió en casación...