ACTUALIDAD: Pensión compensatoria por tiempo indefinido de 2.000 euros mensuales para una mujer divorciada que se dedicó a la familia. La Audiencia de Vizcaya le concede la casa durante dos años para corregir su desequilibrio económico, ya que también ayudó al exmarido en su empresa.

La recurrente tiene 60 años y sostiene que sus conocimientos profesionales como auxiliar administrativo están “obsoletos” porque los completó hace más de 30 años y es difícil que pueda lograr un empleo. (Imagen: E&J)

 Por: Rosalina Moreno

La Audiencia Provincial de Vizcaya ha fijado una pensión compensatoria por tiempo indefinido de 2.000 euros para una mujer divorciada que durante el matrimonio tuvo una dedicación plena a su familia y trabajó en la empresa de su marido sin percibir contraprestación alguna ni cotizar. 

El tribunal ha estimado su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Getxo que en junio de 2023, en la demanda de divorcio, acordó fijar para ella una pensión compensatoria de 1.000 euros mensuales a cargo de su expareja durante un año. El Juzgado no resolvió sobre la atribución del uso del domicilio familiar que había

solicitado.

La mujer recurrió reclamando que fuera de 2.000 euros mensuales y por tiempo indefinido, así como que se le atribuyera el uso de la que fue vivienda familiar durante dos años.

La pensión compensatoria

En su recurso, articulado por el abogado Juan Carlos Soto Castillo, destacó que dejó su empleo poco después de casarse para dedicarse a la familia –la pareja tuvo dos hijos–, cosa que hizo durante 21 años de matrimonio; que durante ese tiempo se dedicó en “exclusiva” al hogar y cuidado de las hijos, lo que permitió al esposo tener una “proyección profesional con unos importantes ingresos mensuales”; y que también se hizo cargo de la parte administrativa de la empresa de su marido, “sin percibir contraprestación alguna ni cotizar”.

Asimismo, señaló que en la actualidad tiene 60 años; que sus conocimientos profesionales como auxiliar administrativo están “obsoletos” porque los completó hace más de 30 años; y que es difícil que pueda lograr un empleo. 

El tribunal no aprecia que haya una alta probabilidad para que esta mujer pueda encontrar un empleo «digno y estable”. Además, afirma que “no existe base probatoria para dar por acreditada una alegada pasividad e insuficiente interés” por parte de ella para obtener un empleo que le permitiera alcanzar la situación objetiva de superación del desequilibrio o de estar en disposición de hacerlo, ya que el exmarido “no ha demostrado las oportunidades que al respecto haya desatendido” ella para “incorporarse al mercado laboral”.

Uso y disfrute de la vivienda familiar

La Audiencia también ha acordado atribuir a la mujer el uso del domicilio familiar durante dos años desde la fecha de esta sentencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 96.3 del Código Civil sobre que «no habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección».

La razón de esta decisión es que únicamente ha sido ella quien quien ha solicitado ese uso “en base a ser el interés más necesitado de protección, atendiendo a las alegaciones vertidas», adveradas por el correspondiente material probatorio, «sin que hayan sido contradichas” por el exmarido, quien incluso en su demanda de divorcio interesó que lo fuera hasta la liquidación de la sociedad de gananciales y venta del inmueble, cosa que no consta que haya sucedido.

La sentencia es la número 397/2024, de 18 de julio, dictada por los magistrados María de los Reyes Castresana García (presidenta y ponente), Edmundo Rodríguez Achutegui y Ana García Orruño. Todavía no es firme, ya que contra la misma cabe recurso de casación el Tribunal Supremo.

JURISPRUDENCIA: Despedido un trabajador de baja por dolores en la rodilla tras ser pillado bailando en los locales que regenta. El hombre acudía sus negocios y permanecía en ellos durante horas de pie, dando instrucciones a las camareras y atendiendo a los clientes

 

Por: María González Villasevil

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado la procedencia del despido disciplinario de un trabajador que mientras estaba en situación de incapacidad temporal (IT) por dolores generales de la rodilla, bailaba en unos locales de los que es regente.

La sentencia, disponible en el botón ‘descargar resolución’, considera que el hecho de acudir a locales de ocio —en los que fue visto por el detective privado contratado por la empresa atendiendo a los clientes, dando instrucciones a las camareras, e incluso bailando, entre otras actividades—, revela que la gonalgia que sufría no le suponía una limitación para esas actividades y, por tanto, tampoco lo tendría que suponer para su trabajo habitual como peón de limpieza.

Y, si el reposo es determinante para la mejora de esos dolores generales de rodilla que padece, el trabajador ha estado perjudicando su recuperación de la salud al no realizar tal reposo y, por ende, también ha estado perjudicando a la empleadora y al sistema de Seguridad Social

Para la Sala de lo Social, “no hay duda que la empresa acreditó de forma palmaria que su decisión disciplinaria extintiva de la relación laboral se fundamentó en el hecho de que, partiendo de que el empelado se encontraba en situación incapacitante, desarrolló actividades incompatibles con la IT que perjudicaban la recuperación de la capacidad funcional”.

Se iba a trabajar y a bailar a los locales que regentaba

En el presente caso enjuiciado, el trabajador prestaba servicios desde el año 2010 para una empresa de limpieza e higiene como peón. Sin embargo, en julio de 2022 inició una situación de incapacidad temporal (IT) con diagnóstico de gonalgia, un dolor generalizado de rodilla.

Tras más de siete meses de baja, la empleadora contrató a un detective privado ante las sospechas de que el trabajador podría estar cometiendo un fraude a la empresa y, por ende, a la Seguridad Social. Así, el detective aportó a la empresa un informe en el que se informaba sobre las actividades del actor.

Dicho informe recogía que, al menos durante seis días entre los meses de marzo y abril de 2023, el trabajador, que regenta dos locales dedicados a la restauración, acudió a estos y permaneció en ellos al menos dos horas, en las que estuvo de pie y deambulando; dando instrucciones a las camareras; atendiendo a los clientes; sirviendo y cobrando consumiciones; y bailando en momentos puntuales.

Tras conocer estos hechos, la empresa procedió a dar por finalizada la relación contractual entre ambos, comunicando al actor su despido disciplinario, sin derecho a indemnización.

El empleado demandó a la empresa, solicitando en la demanda que se dictara sentencia declarando el despido nulo o, subsidiariamente, improcedente.

El despido disciplinario es procedente

El Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena desestimó la demanda del trabajador y declaró procedente el despido. Aunque el fallo del juzgador fue recurrido por el actor, el recurso ha sido desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, cuya Sala de lo Social ha declarado la firmeza de la sentencia recurrida y, por ende, ha ratificado la procedencia del despido.

En el recurso el trabajador alegaba la improcedencia del despido por varios motivos. Uno de estos motivos era que el mismo se realizó sin la previa audiencia de los delegados sindicales. Los magistrados han desestimado este motivo al recurrente que “no hay una previsión normativa concreta en el ordenamiento español que obligue a la empresa a dar audiencia previa directa a los empleados que no son representantes legales de los trabajadores sindicales o delegados sindicales”.

Sobre la gonalgia motivadora de la incapacidad temporal, el empleado defendía que la empresa no hizo ninguna comprobación o actuación previa ni acreditación del estado de salud del trabajador y, además, la gonalgia que motivó la incapacidad temporal era compatible con otras actividades.

Ante esta alegación, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que ha desestimado también este motivo, ha señalado que la prueba que se llevó a cabo mediante la intervención de un investigar privado, acreditó de sobra que el recurrente acudió mientras estaba en situación de IT a los dos locales de los que es regente, y que permaneció en ellos durante horas, de pie, deambulando, trabajando en ellos, e incluso bailando.

En este sentido, la Sala ha apuntado que la gonalgia (diagnostico por el que inició el proceso de IT) es un dolor generalizado de rodilla que puede deberse a muchos factores y que dicho dolor puede presentarse mientras se realiza una actividad física, por lo que mejora con el reposo. Por lo que, el hecho de acudir a los locales de ocio que regentaba revela, a juicio del TSJ murciano, que la gonalgia no era limitante ni para esas actividades ni por lo trabajado habitual de peón de limpieza.

“Pues si el reposo es determinante para la recuperación de la salud, tal reposo no se observó por el trabajador, perjudicando su recuperación, las necesidades productivas de la empresa y hasta el propio sistema de Seguridad Social”, recoge la sentencia.

¿Es válido como medio de prueba en el procedimiento penal la grabación de una conversación privada? El TS confirma que son válidas como prueba si las realiza uno de los interlocutores

 

Por: Noelia Bauzá Serra

La STS n.º 753/2024 analiza un supuesto en el que la Sala de instancia había acordado la nulidad de las actuaciones desde el comienzo de la instrucción, por considerar que se había producido una vulneración del derecho fundamental a la intimidad (artículo 18 de la Constitución). En concreto, la causa se había iniciado a partir de la grabación de conversaciones captadas por un sujeto (interlocutor) que, posteriormente, las puso a disposición de la Fiscalía para que procediera a la investigación.

La Sala de Instancia fundó la nulidad de las actuaciones en dos motivos:

1. Las grabaciones se habían obtenido de forma subrepticia y quien las realizó carecía de interés legítimo que le habilitara para captarlas.
2. Las citadas grabaciones eran copias y no archivos auténticos y, entendió la Sala enjuiciadora, que no quedaban cumplidos los requisitos de autenticidad e integridad exigidos.

El Ministerio Fiscal recurrió en casación por considerar que la nulidad acordada constituía una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al proceso con todas las garantías y a la utilización de los medios de prueba (artículo 24 de la Constitución).

El groso de la fundamentación de la STS n.º 753/2024 lo ocupa la transcripción de la Sentencia del Caso Gürtel y su jurisprudencia sobre el tratamiento de las grabaciones de conversaciones entre particulares como medio de prueba en el procedimiento penal, de la cual se pueden extraer las siguientes máximas:

• La captación subrepticia de la conversación no supone la infracción constitucional del derecho a la intimidad cuando la captación se realiza por uno de los interlocutores (salvo en los casos excepcionales en los que el contenido de la conversación afecta al núcleo íntimo o familiar de uno de los interlocutores).
• No puede hablarse de mensaje secreto en cuanto quien lo emite lo ha dirigido a quien lo recibe y capta, poniendo en la esfera del receptor aquello que se dice. No se vulnera el secreto de las comunicaciones.
• Quedan excluidas de las anteriores apreciaciones, y no serán medio de prueba válido, las grabaciones de conversaciones obtenidas a través de provocación delictiva llevada a cabo desde estructuras oficiales de investigación delictiva.
• Igualmente, no son válidas las grabaciones de conversaciones entre particulares, captadas por uno de los interlocutores, cuando la persona grabada haya sido conducida al encuentro con la premeditada pretensión de hacerle manifestar hechos que pudieran ser utilizados en su contra.
• No se entiende afectado el derecho a guardar silencio, a no declarar contra uno mismo y a no declararse culpable porque tales garantías constitucionales despliegan sus efectos en relación con las declaraciones que presta el investigado ante la Autoridad o sus agentes. No operan en manifestaciones realizadas entre particulares y fuera del procedimiento.

La aplicación de la jurisprudencia expuesta condujo a que la Sala Segunda entendiera que, en el caso de la STS n.º 753/2024, las conversaciones fueran absolutamente lícitas: “Las reuniones de los particulares fueron libres y espontáneas y la decisión de uno de ellos de grabar las conversaciones no fue provocada por la policía u otra institución pública de investigación, por lo que aun cuando moral y éticamente pueda ser cuestionada su actuación, no supuso infracción del derecho a un procedimiento con todas las garantías y del derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable».

Sobre la veracidad y custodia de las grabaciones obtenidas por el particular interlocutor, se argumenta en la sentencia que las conversaciones fueron aportadas por el interlocutor a la Fiscalía y sirvieron como fundamento indiciario para que se iniciara la investigación y el Juez instructor acordara la intervención de las comunicaciones.

El auténtico medio de prueba incriminatorio emanaba, en ese caso, de la intervención telefónica posterior, sin que la comprobación ex post pueda invalidar retroactivamente las escuchas, “con independencia de la ponderación de este factor en su proyección como medio de prueba de cara a su fiabilidad, aspecto que no es ahora el que nos ocupa”.

Con ello, la Sala Segunda avala las grabaciones obtenidas por el particular como fuente indiciaria suficiente a partir de la que poder acordar otras medidas intromisivas del derecho a la intimidad, sin que esa fuente iniciaría requiera los altos estándares de veracidad y custodia que requiere un auténtico medio de prueba.

El Tribunal Supremo estimó el motivo de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y anuló la sentencia de objeto de la casación, retrotrayendo las actuaciones al momento de la deliberación y redacción de la sentencia.