HISTORICO: Meta acuerda pagar 18 mil millones de dólares en litigio por adicción de menores a redes sociales

Creado por Gemini IA

Pactó medidas vinculantes que restringirán el tiempo de conexión, las notificaciones y los filtros a menores de edad, además de desembolsar millonarios pagos para resolver las acusaciones estatales por vulnerar normativas de protección al consumidor y privacidad infantil.

Meta Platforms concretó acuerdos extrajudiciales con autoridades de Estados Unidos para cerrar litigios basados en leyes de protección al consumidor y la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet. El pacto principal abarca a 47 Estados, el Distrito de Columbia y tres territorios, fijando pagos de hasta 17.100 millones de dólares. Por su parte, el estado de Texas acordó de forma paralela una suma superior a 1.000 millones de dólares, alcanzando un total cercano a 18.000 millones de dólares.

La propuesta de sentencia por mutuo acuerdo resuelve las acciones impulsadas por los fiscales generales estatales, quienes acusaron a la empresa de incorporar funciones diseñadas para generar uso excesivo en niños y adolescentes. Los persecutores señalaron que la compañía engañó a los usuarios sobre los riesgos asociados a sus plataformas y recolectó datos de menores de 13 años sin la debida autorización de sus tutores legales.

Las condiciones fijan un tope máximo combinado de dos horas diarias para menores en Facebook e Instagram, junto con un bloqueo de acceso entre la medianoche y las 6 de la mañana. Además, la firma deberá reducir el envío de notificaciones durante la noche y la jornada escolar, endurecer los controles etarios, ampliar la supervisión de los padres, habilitar una cronología sin algoritmos, ocultar los recuentos de interacción y limitar filtros estéticos.

Un auditor independiente examinará el cumplimiento de estas disposiciones mediante el acceso a los antecedentes, sistemas y trabajadores de la empresa que no tengan carácter confidencial. Este fiscalizador entregará informes periódicos ante un comité bipartidista integrado por fiscales generales estatales, manteniendo a la vez resúmenes accesibles al público. Los tribunales competentes supervisarán la ejecución de estas medidas obligatorias durante un periodo de diez años.

La facultad para fiscalizar el cumplimiento corresponderá únicamente a las autoridades y tribunales participantes, sin conceder nuevas acciones judiciales a favor de terceros por este pacto. No obstante, el texto no extingue las demandas individuales de particulares, colegios o distritos escolares, ni instaura un estándar de diligencia vinculante para territorios externos a los estados firmantes.

El entendimiento sucede a una resolución previa dictada por una jueza, quien desestimó la solicitud de archivo presentada por la tecnológica al constatar controversias sobre el diseño lesivo y el registro de infantes. El texto consensuado, que no incluye admisión de responsabilidad por parte de la empresa, permanece a la espera de la ratificación judicial definitiva por parte de la jueza.