El Supremo confirma la sanción a un abogado que incluyó en el encabezamiento de un escrito los antecedentes penales de la parte contraria Las afirmaciones incluidas en la contestación de la demanda no guardaban relación con el ejercicio del legítimo derecho de defensa

 Por: María González Villasevil

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la libertad de expresión de los abogados en el ejercicio de la actividad de defensa, fallando al respecto que la conducta del letrado consistente en añadir, al identificar a la parte contraria en un escrito procesal de un procedimiento civil, unos datos, no cuestionados, referidos a su situación procesal en un procedimiento penal y en un procedimiento de carácter administrativo, es constitutiva de infracción.

Así ha fallado la Sala de lo Contencioso confirmando la sanción impuesta a un abogado que actuó de manera inadecuada porque al referirse a los demandantes en un procedimiento civil, incluía en el encabezamiento de su escrito de contestación a la demanda datos relativos a condenas o investigaciones penales que afectaban a estos.

La sentencia, disponible en el botón ‘descargar resolución’, da la razón al Colegio de Abogados de Pamplona y al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que impusieron una sanción al mencionado letrado porque su actuación supuso una vulneración de la normativa deontológica y estatuaria.

Pues, la ubicación de las menciones en el encabezamiento del escrito hace que las mismas carezcan de contenido argumentativo; supongan una descalificación, lo que produce lesión; y sean inoportunas y sin finalidad efectiva para la defensa.

La actuación del letrado no fue adecuada

Los hechos enjuiciados se remontan a una sanción de apercibimiento por escrito, impuesta por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Pamplona a un colegiado por entender que su conducta profesional con la parte contraria de un procedimiento era constitutiva de una infracción leve, consistente en el incumplimiento de sus deberes como letrado, prevista en el artículo 86 c) del Estatuto General de la Abogacía Española.

Y ello al considerar que el letrado, en el ejercicio de su actividad profesional, incumplió las obligaciones para con la parte contraria consistente en «el trato considerado y cortés, así como la abstención u omisión de cualquier acto que determine una lesión injusta para la misma», según dispone el artículo 43 de esa misma norma. Asimismo, con su actuación, también había incumplido el artículo 13.3 del Código Deontológico.

El abogado sancionado, en el encabezamiento de un escrito de contestación a una demanda civil por división de una finca en copropiedad, afirmaba lo siguiente: «Demandantes: Lorenzo (actualmente condenado por delito coacciones frente a su cuñada por el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial de Navarra e investigado por nuevos hechos delictivos) Florencia (archivada su denuncia en la APD actualmente el proceso en la Audiencia Nacional)».

El letrado recurrió el acuerdo sancionador, no obstante, el Consejo General de la Abogacía Española desestimó el recurso y ratificó la procedencia de la sanción de amonestación.

El CGAE le recriminó que “una cosa era defender el interés del cliente lo que conlleva alegaciones o actuaciones que desde el punto de vista de la buena fe profesional, procesal y personal son admisibles, aunque perjudiquen, directa o indirectamente, a la parte contraria; y otra realizar actuaciones cuya finalidad sea dañar, causar molestia o perjudicar, realizadas deliberadamente y sin propósito ni finalidad real y efectiva para la defensa del cliente”.

La intención del abogado era desprestigiar a la otra parte

Ahora ha sido el Tribunal Supremo, en la sentencia dictada el pasado 8 de julio, el que ha ratificado la procedencia de la sanción.

El Tribunal ha recordado que el contenido de la libertad de expresión de los letrados ante tribunales es “especialmente resistente e inmune a restricciones” en su ejercicio, pero el límite de dicha libertad se agota con la prohibición de utilizar términos insultantes, vejatorios o descalificaciones gratuitas ajenas a la materia sobre la que se proyecta la defensa.

En esta línea, la Sala señala que la libertad de expresión del abogado en sus intervenciones en un proceso judicial no es ilimitada, pues el derecho de defensa del abogado no está justificado cuando éste dispensa un trato desconsiderado para con la parte contraria o con terceros.

En consecuencia, en el presente caso, las expresiones o afirmaciones vertidas por el abogado sancionado en el encabezamiento del escrito no están amparadas en el derecho de defensa, ya que se extralimitó dispensando un trato desconsiderado y gratuito con la parte contraria.

“Lo afirmado no puede calificarse como insulto, pero la vinculación del nombre de los demandantes con unas actuaciones penales previas o con denuncias ante la Agencia de Protección de Datos en el encabezamiento de su escrito procesal, perseguía claramente la intención de desprestigiar a los demandantes recordando su recientes condenas o participación en procesos judiciales previos”, señalan los magistrados, “y esta forma de actuar implicaba una descalificación gratuita y desconectada de cualquier argumentación destinada a la defensa de su cliente y, por lo tanto, ajena a la proyectada defensa del mismo”.

Descalificaciones gratuitas y carentes de justificación funcional

En este sentido, el Tribunal Supremo ha recordado al abogado sancionado el uso del encabezamiento del escrito de un escrito procesal, indicando al respecto que el encabezamiento es un espacio destinado a la identificación de los litigantes, en el que no se incluyen datos ajenos ni argumentos en apoyo de su pretensión.

“El encabezamiento de las partes del proceso no contiene defensa alguna ni en él se utiliza argumentación de ningún tipo. Se trata de una relación espacio destinado a identificas a las partes del litigio, por lo que la mención a los antecedentes penales de la parte contraria en un proceso civil a situación procesal penal de la contraparte está destinada a descalificar a la parte contraria sin vincular ese dato con argumentación o fundamentación de ningún tipo”.

La Sala afirma que, en el presente caso, el sitio donde se incluyeron estos datos referidos a la parte contraria sí es relevante, pues “es indicativo de la gratuidad de lo afirmado y de la absoluta desconexión entre los datos aportados y cualquier razonamiento o argumentación conectada con el ejercicio de su derecho de defensa que pretendiera relacionar la cuestión debatida en el litigio con la conducta previa de los demandantes”.

Por tanto, las afirmaciones contenidas en el encabezamiento del escrito de contestación a la demanda no guardaban relación con el recto ejercicio del legítimo derecho de defensa, tratándose de descalificaciones gratuitas carentes de justificación funcional alguna. En consecuencia, se confirma la sanción impuesta.

La importancia estratégica del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR

 Por: Adalid Contreras

Se ha afirmado repetidas veces: MERCOSUR no es sólo comercio, puesto que del mismo modo que la mayoría de los sistemas de integración, tiene un carácter multidimensional que sostiene diversos otros espacios de encuentros interestatales o supranacionales. En este artículo analizaremos la dimensión integracionista de la cohesión social, que tiene la misión de desarrollar políticas comunitarias para la superación de los desequilibrios y desigualdades.

El desafío: superar las asimetrías

Algunas lecturas escépticas arguyen que la existencia de asimetrías en MERCOSUR lo convierte en un esquema integracionista poco conveniente para la participación de Bolivia. La inquietud se responde partiendo de una pregunta: ¿Existe algún sistema de integración sin asimetrías? Y la respuesta: ciertamente que no. La Unión Europea (UE), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Sistema de Integración Centro Americano (SICA), la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), están sujetos a profundas desigualdades entre sus países miembros y al interior de éstos. Por ello, la misión de los sistemas integracionistas consiste, precisamente, en enfrentar estas diferencias desde su esencia comunitaria.

Si la mirada escéptica tuviera justificativos, no existirían los sistemas de integración o tendrían que reinventarse bajo la lógica del encuentro entre iguales, en un planeta históricamente desigual, con países cuyo menor grado de desarrollo está condicionado por factores estructurales de desigualdad con discriminación y formas de dependencia y explotación. Cuando se analizan los sistemas de integración, se debe considerar que tienen como vocación alcanzar objetivos y destinos comunes en base a dinámicas solidarias y colaborativas. Podríamos afirmar por ello que los sistemas de integración son institucionalidades políticas que buscan reducir conjuntamente vulnerabilidades externas, superando en el camino las suyas propias, como son sus asimetrías.

Concepciones integracionistas como la del “regionalismo abierto”, que surge a la par de los programas de ajuste estructural, confiaban en que el crecimiento económico y comercial generaría una cascada de oportunidades y un chorreo financiero para otras dimensiones de la integración, como las políticas sociales. Eso no funcionó. En contraposición, la concepción de la “integración integral” redimensiona esta visión, para otorgarle a cada espacio (económico, comercial, político, social, cultural, ambiental, vial, y otros) una importancia estratégica, capaz de aportar a los objetivos comunes desde su propio campo de desarrollo.

Con este fundamento de la Integración Integral se profundizan los esfuerzos para la superación de las asimetrías, habida cuenta que constituyen un obstáculo para el desarrollo no sólo de los países, sino también de los procesos integracionistas. Se trata de reconocer la existencia de desequilibrios y desigualdades, pero no para contemplarlos o utilizarlos como justificativos para desaconsejar la participación de los países menos desarrollados en los procesos de integración, sino para trabajar salidas que permitan enfrentar las desigualdades con esfuerzos solidarios. Las alternativas económicas, políticas y jurídicas son diversas, y entre las más destacadas están los programas de convergencia estructural para la cohesión social, que analizaremos en este artículo mirando referencialmente la experiencia de la Unión Europea y repasando las características de la experiencia en MERCOSUR.

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, referencia paradigmática

La iniciativa referencial se encuentra en la experiencia de la Unión Europea, para la que la cohesión social en procesos de integración consiste en “la capacidad de la sociedad de asegurar el bienestar de todos sus miembros, incluyendo el acceso equitativo a los recursos disponibles, el respeto por la dignidad humana, la diversidad, la autonomía personal y colectiva, la participación responsable y la reducción al mínimo de las disparidades sociales y económicas con el objeto de evitar la polarización”. En otras palabras, la cohesión social es un proceso de convergencia para la superación de asimetrías y tiene que ver con la construcción de los mismos procesos de integración, poniendo en práctica mecanismos de solidaridad para la superación comunitaria de los desequilibrios que existen entre los países.

Es paradigmática la experiencia europea con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), gestionados y ejecutados por la Comisión Europea para apoyar la cohesión económica, social y territorial. Los mencionamos sólo para ejemplificar los distintos campos que aborda: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo Plus (FSE+), Fondo de Cohesión de la Comisión Europea (FC), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), y Fondo de Transición Justa (FTJ).

En la actualidad, en su Plan 2021 – 2027, estos Fondos apuntan a contribuir al cumplimiento de objetivos como una Europa más competitiva e inteligente; una Europa más verde, baja en carbono, resiliente; una Europa más conectada; una Europa más social e inclusiva; y una Europa más próxima a los ciudadanos. En su recorrido histórico, la experiencia de los Fondos ha dejado entre sus principales resultados el hecho que contribuyen de manera decisiva a la convergencia social y económica, reduciendo las diferencias entre las regiones y los países de la UE.

FOCEM, caminos de solidaridad

Por su parte, el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR, más conocido por sus siglas: FOCEM, es uno de los programas de los que se beneficiará ventajosamente Bolivia con su ingreso a este bloque integracionista subregional. FOCEM tiene como objetivo reducir las asimetrías existentes entre los países y regiones que componen el bloque, potenciando a la vez los beneficios obtenidos mediante la ampliación de los mercados. Es decir, integra el principio de solidaridad con la búsqueda de crecimiento económico y competitividad de todos los países miembros. Además, prevé que la consecución de los mencionados objetivos dé lugar a una profundización de la cohesión social y un fortalecimiento de la estructura institucional del MERCOSUR.

Aclarada la falsa argumentación que quisiera encontrar sistemas de integración entre iguales, o la inconveniencia de los países de menor desarrollo para participar en sistemas integracionistas, señalamos las profundas diferencias existentes entre los países del MERCOSUR tomando en cuenta su PIB anual, que en millones de euros (M€) tiene estas cifras: Brasil 1.821,862; Argentina 598,367; Uruguay 67,538; Bolivia 42,049; Paraguay 39,589. Las diferencias son reales y estructurales y en esas condiciones se las tienen que trabajar, construyendo las condiciones adecuadas para enfrentarlas en su raíz y en sus manifestaciones. Para este cometido existen los sistemas de integración.

Prácticamente desde su creación, en MERCOSUR la reducción de asimetrías está planteada en diversas reglamentaciones y comunicados como un asunto prioritario. La respuesta a esta búsqueda es la creación del FOCEM, por el Consejo del Mercado Común, mediante las Decisiones CMC Nº 45/04 y 18/05. La primera instituye el programa y la segunda plasma sus objetivos y la distribución de recursos entre los países.

FOCEM dispone su funcionamiento con estos Programas: 1) Programa de Convergencia Estructural; 2) Programa de Desarrollo de la Competitividad; 3) Programa de Cohesión Social; y 4) Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración. Los fondos son destinados a los países y entregados en carácter de donación no reembolsable para financiar hasta el 85% del valor elegible de los proyectos.

FOCEM se financia con aportaciones de los Estados Partes del MERCOSUR por un monto anual de cien millones de dólares. Tal cantidad se integra en función del PIB histórico de cada país; así, Brasil es el mayor aportante (70%), seguido por Argentina (27%), Uruguay (2%) y Paraguay (1%). También se establece la posibilidad de recibir aportaciones de terceros países y de instituciones u organismos internacionales. La distribución de esos recursos entre los países tiene un sentido inverso a los aportes, con montos mayores para los países menos desarrollados. La distribución, que puede cambiar con la adhesión de Bolivia, tiene estos porcentajes: 43,65% al Paraguay, 29,05% a Uruguay, 9,10% a la Argentina, 9,10% al Brasil, y 9,10% a Venezuela.

Es decir que Brasil y Argentina son los principales aportantes, mientras Paraguay y Uruguay los principales beneficiarios, como también lo será Bolivia, gracias al mecanismo de “hegemón benévolo”, o país hegemónico colaborativo, que en este caso lo cumple Brasil, del mismo modo que Alemania y Francia en la Unión Europea. En Brasil y Argentina los programas se priorizan tomando en cuenta las regiones más vulnerables y que requieren apoyo para la cohesión social y superación de sus dificultades para el desarrollo.

Otra demostración de la distribución dirigida a superar las asimetrías, se encuentra en el hecho que Paraguay desarrolla 20 proyectos, Uruguay 19, Argentina 6, Brasil 5, y proyectos pluriestatales 3, en uno de los cuales, el de MERCOSUR libre de fiebre aftosa, participa Bolivia antes incluso de su adhesión. Algunos proyectos que ejemplifican la distribución del Fondo y que Bolivia puede tomar como referencia, son: En el Programa de Convergencia Estructural, con un aporte de más de más de 410 millones de dólares, se realizaron tres proyectos de interconexión eléctrica regional Uruguay – Brasil; ampliación de Itaipú Paraguay; y vínculo de interconexión ET Iberá – ET El Paso Argentina. Otro ejemplo: la rehabilitación y pavimentación asfáltica de la carretera Concepción – Puerto Vallemi, Paraguay, por un monto de 160.295,050 millones de dólares, con un aporte de FOCEM por 75.309,382 US$. En el Programa de Desarrollo de la Competitividad, un ejemplo es el proyecto pluriestatal sobre Investigación, educación y biotecnología aplicadas a la salud, por un monto de 28.038,723 US$ y un aporte de 23.662,862 US$ por el FOCEM. En el Programa de Cohesión Social, tomamos como ejemplo el proyecto Intervenciones múltiples en asentamientos ubicados en territorios de frontera con situación de extrema pobreza, con un monto de US$ 2.042,771. Finalmente, un ejemplo en el Programa de Fortalecimiento de la estructura institucional y del proceso de integración es el proyecto Fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR, por un monto de 433.200 US$,

Estos son sólo ejemplos que podrían orientar la participación de Bolivia en FOCEM. Los proyectos son definidos por cada país, mediante las Unidades Técnicas Nacionales FOCEM (UTNF), que son las responsables de la selección, elaboración y seguimiento operativo de los proyectos por cada Estado Parte. La administración está a cargo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF), que funciona en el ámbito de la Secretaría del MERCOSUR. Históricamente, el 90,69% de los proyectos son de infraestructura, 5,03% de fortalecimiento de la competitividad; 4,02% de cohesión social; y 0,26% está dedicado al fortalecimiento del proceso de integración.

FOCEM es uno de los espacios en los que participará Bolivia para el desarrollo de proyectos que le contribuyan a mejorar sus capacidades de producción, de inversión productiva, de ampliación de su red de integración física caminera, férrea, fluvial o aérea, y también de inversiones para sus políticas financieras y sus políticas sociales, de educación, salud, derechos humanos, participación ciudadana, y otros, en la perspectiva de una mayor igualdad. Los sistemas de integración necesitan enfrentar sus asimetrías con facilidades para los países de menor desarrollo, puesto que las desigualdades podrían frenar las posibilidades de encarar acciones de un desarrollo conjunto cada vez más exigente.

En un brevísimo balance, es posible afirmar que el funcionamiento del FOCEM ha registrado avances significativos, por ejemplo, en la realización de obras, en acciones para la facilitación del comercio, en la verificación de un aumento de las exportaciones intrarregionales, en el incremento de su capital, en la posibilidad de afrontar relaciones con terceros, y en su contribución a mejoras en las condiciones de vida de los habitantes de los Estados Parte.

Adalid Contreras Baspineiro es sociólogo e internacionalista boliviano

 

El abogado autodidacta, ese eterno aprendiz "La formación continua es esencial en la abogacía"

Por: Óscar Fernández León 

No vamos a descubrir nada nuevo si afirmamos que la formación es esencial en nuestra profesión, pues todos sabemos de buena tinta la ingente demanda de competencias que nos exige el ejercicio de misma. De hecho, una vez concluido el Curso de Acceso a la Abogacía y la Procura, la formación continua y especializada del abogado toma el relevo, sin solución de continuidad, no cesando hasta el final de nuestro ejercicio profesional. Pero salvo aquellos abogados (socios o contratados) que pertenecen a despachos que disponen de un modelo formativo propio y, por tanto, de una organización y seguimiento del proceso pedagógico, el abogado que lleva adelante su firma, bien sea solo o en compañía de otros colegas, dispondrá de serias dificultades para acceder a una formación adaptada a sus necesidades. La principal razón de esta situación (porque hay varias) se encuentra en esa “pescadilla que se muerde la cola”, que viene representada por el sometimiento a esa espiral de trabajo diario que nos impide sentarnos a meditar y decidir los aspectos claves que necesitamos para creer profesionalmente y adaptarnos al contexto profesional en el que interactuamos. Sin embargo, queda una luz de esperanza que podemos aprovechar a través del autoaprendizaje, autoformación o, dicho de otra forma, ser autodidacta. La capacidad de autoaprendizaje puede definirse como la habilidad de formarse por uno mismo y de forma permanente en aquellos aspectos que consideramos esenciales en nuestra vida personal y/o profesional, todo ello a través de un proyecto o plan de acción que comprenda el proceso de adquisición de dichos conocimientos. En el contexto profesional del abogado, el autoaprendizaje supone disponer de la autoconsciencia clara sobre sus limitaciones técnicas, para a continuación decidir la adquisición individual de una serie de competencias y habilidades que le permitan superar en el tiempo aquellas carencias. Para avanzar en esta carrera de fondo de la autoformación, el abogado debe disponer de varias competencias y habilidades, entre las que sobresale la humildad, entendida como el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo con este conocimiento; la humildad nos conduce a actuar como un principiante, como un aprendiz ansioso de adquirir nuevos conocimientos teórico-prácticos para el mejor desempeño de nuestro trabajo. Confucio asociaba esta humildad al propio conocimiento, y así nos enseñó que “el verdadero conocimiento consiste en conocer el alcance de nuestra propia ignorancia”, conocimiento que se irá incrementando día a día, porque aquel que conoce sus limitaciones, sabe igualmente que debe eliminarlas a través del aprendizaje continuo. Pertrechado con la humildad, y con el auxilio de la constancia, diligencia, laboriosidad y responsabilidad, el abogado autodidacta podrá diseñar un Plan de Acción Formativo a través del cual pueda ir adquiriendo esos conocimientos teóricos y prácticos que necesita, y que lo convertirán, con el transcurso del tiempo, en un mejor abogado. En cuanto a la elaboración del Plan de Acción, este deberá centrarse en dos coordenadas: tiempo y contenidos, pudiendo ser, en su diseño, todo lo minucioso que su creador considere.

En cuanto a los contenidos, mi recomendación es que busquemos un equilibrio entre los sustantivos/procesales (vinculados, en su caso, a nuestra especialidad) con aquellas habilidades relacionadas con nuestro ejercicio profesional cuya adquisición pueda mejorarse notablemente. En este último grupo se incluirían, a modo meramente enunciativo, aspectos como gestión profesional del despacho o aprendizaje de habilidades de management en sus distintas áreas (estrategia, recursos humanos, proyectos, trabajo en equipo, liderazgo, etc.), marketing (desarrollo de negocio, fidelización y captación de clientes), tecnología (nuevas tecnologías, inteligencia artificial), comunicación (redacción, oratoria), litigación (conducta en sala, interrogatorio, conclusiones) y otras habilidades complementarias (negociación, inteligencia emocional, psicología, etc.) económicos (presupuestación, contabilidad, etc.), idiomas y el ejercicio de la abogacía como función social (deontología). Y para emprender esta senda formativa disponemos de una oferta amplísima de entidades públicas y privadas; además, si optamos por la formación gratuita podemos acceder a las ofertas de los Departamentos Formativos del Consejo General de la Abogacía Española y de los propios Consejos Autonómicos y Colegios Profesionales, lo que nos permitirá no sólo inscribirnos en aquellas formaciones que nos interesen, sino que igualmente dispondremos de repositorios y grabaciones de cursos y materiales ya impartidos a disposición de los usuarios. Finalmente, destacar que el periodo estival en el que nos encontramos puede ser una oportunidad extraordinaria para hacer autoexamen y decidir en qué materias pretendemos fortalecernos y las fechas previstas para ello. Y no olvides que tener mente de principiante, de eterno aprendiz, nos permitirá abrir la mente y disponer de muchas posibilidades de mejorar.

La Justicia absuelve a un abogado que perjudicó a su cliente en el cobro de intereses Para la Audiencia Provincial de Madrid "el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios"

Por: Sara Zarzoso La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la demanda presentada por un cliente contra su abogado al que acusaba de negligencia profesional porque, en el trascurso de su pleito, el letrado le había perjudicado a la hora de cobrar los intereses. Tal decisión la ha tomado el tribunal tras considerar que «el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios», y aunque el abogado se había equivocado en su estrategia, no había actuado en contra de las reglas de oficio o lex artis. Según conta en la sentencia (cuyo contenido puede consultarse pinchando en ‘descargar resolución’), el caso llegó a la Justicia después de que un cliente presentara una demanda de responsabilidad civil contra su abogado, reclamando un importe de alrededor de 25.5oo euros. La demanda se basaba en que, en 2013, el demandante solicitó información al bufete sobre la posibilidad de reclamar a Bankia la nulidad de cuatro contratos de participaciones preferentes y el reintegro de las cantidades entregadas en virtud de dichos contratos. El bufete aceptó el encargo y presentó la demanda el 26 de junio de 2013, solicitando la nulidad de los contratos, la devolución de las cantidades y los intereses generados desde la fecha del «requerimiento efectuado». Pese a esta estrategia, el demandante alegaba que la solicitud de intereses —no desde los desembolsos realizados por el cliente, sino desde la reclamación al deudor— demostraban una actuación negligente del bufete que causó un daño al cliente, cuantificado en el importe reclamado. Inicialmente, el bufete indicó que esto era un motivo para recurrir, pero luego cambió de criterio, afirmando que no se debía recurrir porque se perdería. Sin embargo, el cliente explicaba que las sentencias de la Audiencia de Madrid sobre este tema habían concedido mayoritariamente los intereses desde la fecha de contratación.

Una valoración errónea por parte del juzgado de instancia Frente a esta valoración de alzó en oposición el abogado demandado, quien argumentó que, al presentar la demanda, el criterio jurisprudencial más común de los Tribunales de Instancia y de las Audiencias Provinciales era conceder intereses desde la reclamación o interposición de la demanda, y por ello se solicitó tal partida en esa dirección. Un parecer que posteriormente apoyó el Juzgado de Primera Instancia número 57 de Madrid tras sentenciar que, en su demanda, el cliente no había acreditado que de recurrirse la sentencia de instancia «concurriera una máxima o muy probable posibilidad de éxito». Disconforme con esta resolución, el demandante interpuso un recurso de apelación, alegando que la sentencia incurría en un error al fijar el objeto del proceso. Según el demandante, el problema no radicaba en que la demandada no recurriera la sentencia, sino en la negligencia de no haber solicitado en la demanda los intereses legales desde la fecha de la aportación. En segundo lugar, el demandante argumentó que el juicio de probabilidad era erróneo, basándose en las consecuencias de la nulidad según el artículo 1303 del Código Civil y la jurisprudencia prácticamente unánime en esta materia. Además, señaló que la sentencia citaba erróneamente la STS de 5 de abril de 2019, que se dictó en un asunto de responsabilidad por incumplimiento contractual, no de nulidad. En este sentido, si bien la Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido que hubo una valoración errónea por parte de la juez de instancia en cuanto a la concreción del objeto del proceso en relación con la causa de pedir, pues no se trataba de que el bufete demandado no apelara la sentencia dictada en primera instancia, sino que la negligencia profesional del abogado se centraba en la redacción de la demanda, que perjudicó al cliente y no le permitió recurrir este punto, ya que la sentencia de instancia sólo otorgó lo solicitado; finalmente ha desestimado la demanda, señalando que el abogado no incurrió en ninguna infracción de sus obligaciones profesionales. No hubo una vulneración de la lex artis Esta conclusión se ha sustentado en que el artículo 1303 del CC, aplicable en casos de nulidad como el relacionado con las participaciones preferentes adquiridas por el actor, determina que como consecuencia de tal nulidad debe haber una recíproca devolución de las prestaciones con intereses desde que se percibieron. Esto otorgaría la razón al recurrente respecto de la corrección de este criterio y consiguiente éxito de solicitar los intereses desde la suscripción de las participaciones. No obstante, no es misión de la Sala examinar hasta el último detalle la excelencia profesional del letrado interviniente, su absoluto acierto o la más adecuada estrategia a posteriori, sino valorar si hubo negligencia por apartarse de la lex artis, por grave desconocimiento o pasividad. Se debe tener en cuenta que en el tiempo en que se produjo la demanda supuestamente negligente, en junio de 2013, la cuestión no se ofrecía con la claridad que el tiempo acreditó. Del examen de las sentencias dictadas por la Audiencia en esa fecha y meses sucesivos, en que se interpusieron multitud de demandas por preferentes de Bankia, se observa que la respuesta en relación con los intereses dependía notablemente de la petición deducida en la demanda y la decisión adoptada por el juzgado. En algunas ocasiones, nada se decía sobre los intereses, confirmándose esas sentencias recurridas solo por Bankia. No eran pocas las resoluciones confirmatorias de resoluciones que condenaban, declarando la nulidad de las participaciones preferentes, a los intereses de la cantidad abonada al banco desde la fecha de interposición de la demanda. Esto indica que los actores no recurrían estas decisiones y que no era extraño que así se pidiera en las demandas de aquellos años, o que los juzgados siguieran ese criterio con relativa frecuencia. En estas condiciones, la Sala ha estimado que no hay en el actuar del letrado una grosera infracción de las normas jurídicas o un claro desconocimiento de las mismas, aun cuando pudiera haberse equivocado en la estrategia a seguir o haber optado por una petición de intereses más adecuada a la acción ejercitada.

Un año de cárcel por coger el móvil a su mujer y leer sus whatsapp. Por un delito de descubrimiento de secretos

 Por: Rosalina Moreno

Es delito de descubrimiento de secretos coger el teléfono móvil a la pareja, leer sus mensajes de whatsapp y de redes sociales, y mirar las fotografías que tiene almacenadas. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una condena de un año de cárcel y una multa de 2.160 euros a un hombre por estos hechos.

Además, se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a la denunciante a menos de 500 metros de distancia, y de comunicarse con ella durante dos años.

Cuando ocurrieron los hechos, el condenado, nacido en Marruecos y de nacionalidad española, estaba casado con la víctima, con la que tenía un hijo de 11 años. Según recoge la sentencia, la relación matrimonial estaba deteriorada y cuando la mujer le manifestó su intención de separarse de él, éste «comenzó a tener actitudes de acoso y control hacia ella, cogiéndole el teléfono sin su autorización, cambiándole la contraseña y leyendo sus mensajes de whatsapp y de redes sociales, así como fotografías». 

Le cambió también la contraseña

También consta acreditado que no le devolvió el teléfono y que durante un viaje que hicieron a Francia en agosto, «sólo se lo dejó usar puntualmente, pero poniendo el acusado su contraseña y volviendo a apoderarse del teléfono una vez que su esposa lo había usado». Posteriormente, ella tuvo que cambiar de teléfono y de tarjeta.

Además, una vez iniciado el curso escolar, en septiembre de 2022, él continuó con «su actitud controladora», y en en octubre de 2023, «celoso porque ella estaba chateando con el móvil mientras que él hacía los deberes con el niño», se marchó del domicilio y a las 18:12 horas le mandó un mensaje al teléfono diciéndole: «Las putas tienen más dignidad que tú». 

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, al que se adhirieron el condenado y la víctima, contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Getafe que en junio de 2023 le impuso la citada pena por un delito de descubrimiento de secretos, y por un delito leve de injurias, en el ámbito de la violencia de género, 10 días de localización permanente, a cumplir en domicilio distinto y alejado del de la víctima, así como la prohibición de aproximarse a la perjudicada a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante seis meses, y el pago de las costas procesales. 

La sentencia del Juzgado de lo Penal fue recurrida por los apelantes solicitando su revocación y que se dictara una nueva valorando las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal agravante de género y circunstancia mixta de parentesco.

La Audiencia ha desestimado el recurso «al no haberse solicitado el complemento de sentencia, requisito previo para resolver sobre el recurso presentado».

La resolución, dictada el pasado 24 de abril y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo , la firman los magistrados Teresa Arconada Viguera (presidenta y ponente), Miguel Fernández de Marcos y Morales, y Eduardo Jiménez-Clavería Iglesias. 

La ha dado a conocer hoy en redes sociales el abogado Ramón Arnó Torrades, especialista en aspectos jurídicos de la sociedad de la información y transformación digital, CEO de La Familia Digital.

Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos son 

plenamente aplicables al ámbito familiar

Consultado por Economist & Jurist por ella, Ramón Arnó señala que esta resolución «pone de relieve que los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de los artículos 197 y siguientes del Código Penal son plenamente aplicables al ámbito familiar».

«Los Tribunales han resuelto numerosos conflictos por el acceso sin consentimiento a dispositivos del otro cónyuge, por la lectura de mensajes privados o por la interceptación de comunicaciones, entre otros ejemplos», indica este letrado.

En este sentido, señala una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de noviembre de 2022 que declaró que es delito el acceso por la esposa a la tablet del marido para visualizar las fotos y los documentos de él y aportarlos a un juicio de divorcio; otra de la Audiencia de Cuenca de 23 de mayo de 2023 que condenó a una madre a un año de prisión al grabar y divulgar en un grupo de WhatsApp una conversación entre su marido y los hijos comunes; y que el propio Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 20 de febrero de 2023 que es delito aportar a un juicio de divorcio los extractos bancarios de la cuenta de la esposa.

Por contra, indica que la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de febrero de 2022 que señaló que no es delito la instalación de un GPS en el vehículo de la esposa por parte del marido en el marco de una crisis matrimonial.