GOBIERNO ABIERTO EN BOLIVIA
(PROPUESTA ELABORADA POR: Jorge Raúl
Costas Arze)
1.-
ANTECEDENTES
Primero
es importante hablar del Gobierno Electrónico, ya que desde fines del siglo XX,
numerosos países vienen realizando esfuerzos por entrar al aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En estás se
incorporaron conceptos nuevos para la administración pública más eficiente,
eficaz y transparente, mediante la información a los ciudadanos en línea. Mecanismos
de control de gestión, servicios, trámites y contratación estatal de bienes y
servicios a través de las redes digitales, basada en la gestión del
conocimiento. El mejoramiento del desempeño del sector público, a través de la
adopción del Gobierno Electrónico como la herramienta hacia la modernización y
buen gobierno, contempla: información y servicios en línea para la ciudadanía y
el fortalecimiento de los elementos participativos, esto ha ocasionado: la
formulación de estrategias nacionales y locales, para lograr una administración
pública más transparente, eficaz y democrática, adaptando sus servicios a las
necesidades de los ciudadanos y las empresas y fortaleciendo las relaciones con
éstos.
Lo
más importante para ser catalogado como Gobierno Electrónico, es que se tiene
que mejorar en la calidad de los servicios o hacer más eficientes las
operaciones gubernamentales, que parecen pasos intermedios, pues los objetivos
más importantes del Gobierno Electrónico tienen que ver con lograr políticas
públicas y programas gubernamentales eficientes que entreguen buenos resultados
basados en indicadores de gestión acorde a los objetivos estratégicos de cada
institución, fortaleciendo los modelos de gestión que privilegien los
resultados por sobre los procedimientos y prioricen la transparencia en la
gestión.
El
uso de las TIC ha generado el concepto de Gobierno Electrónico, relacionado
directamente con la gestión pública, con la participación ciudadana, con la
transparencia se ha venido constituyendo como un elemento clave en los procesos
de modernización del Estado. A partir del año 2009, los países de todo el mundo
han comenzado a incorporar en sus políticas y estrategias de Gobierno y
Administración Pública la disposición de entregar a la sociedad, en forma
fácilmente accesible, aquellas informaciones y datos de interés público que
puedan ser utilizados por terceros para crear nuevos servicios para ciudadanos
y empresas. Lo que consiste es abrir la oferta al ciudadano con información,
trámites y servicios en línea. Estamos entonces frente a la evolución de lo que
por más de una década se ha venido asumiendo como Gobierno Electrónico, al
ampliarse la manera de entender el relacionamiento entre la administración y la
ciudadanía.
Todo
éste mundo surgió por los recursos limitados de los Estados, y de una ciudadanía
cada vez más informada, exigente y con necesidades cambiantes y que buscan sean
atendidas.
El
llamado a la apertura de los gobiernos es inminente, las personas quieren tomar
partido en las decisiones y acciones que las involucran, y se requiere
canalizar esa intención hacia la construcción, los gobiernos deben “conversar”
con las personas y evolucionar desde un gobierno electrónico hacia uno donde la
participación, control social y la transparencia sean los ejes centrales en la
elaboración de las políticas públicas.
Ahora
los gobiernos se deben transformar en plataformas en línea, dando información y
datos a los ciudadanos, pensando que más bien son una herramienta para que los
procesos de reforma del Estado y modernización de la gestión pública generen un
cambio de paradigma en la gestión gubernamental. Es así como este nuevo
concepto de gestión involucra la generación de canales de comunicación para
trabajar con la sociedad y los individuos, para co-crear tres dimensiones fundamentales:
i) la transparencia en la acción, procesos y datos del Gobierno, ii) el Control
Social al interior del Gobierno y con las personas, que permita generar nuevas
ideas para resolver problemas sociales y la iii) participación que busca
implicar de forma activa y real a los ciudadanos en la formulación y ejecución
de políticas.
Esta
nueva forma de hacer gestión pública promueve por tanto, políticas de
transparencia, canales de participación ciudadana para el diseño e
implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones) y
mecanismos que estimulen el aprovechamiento de las capacidades, de la
experiencia, del conocimiento y del entusiasmo de la sociedad para generar
soluciones a todo tipo de problemáticas comunes.
Este
documento intenta ser el inicio para la formulación y elaboración de Planes de Acción
para lograr más y mejor democracia, incentivando la Participación y Control Social a las entidades y órganos del
gobierno en todos los niveles, y entre éstos y los ciudadanos.
Las
TIC nos ofrecen un cambio radical en el paradigma de la cultura organizacional
pública que afecta la dinámica de generación y prestación de los servicios
públicos.
2.- LA
ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO
La
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), es un reciente esfuerzo global para
ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los
gobiernos. Sus fundamentos se encuentran en el hecho de que los ciudadanos
desean gobiernos más transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones
que robustezcan la participación de la sociedad y respondan a sus necesidades y
aspiraciones. De este modo, la AGA se configura como una iniciativa
multilateral cuyos esfuerzos se orientan a propiciar compromisos concretos
desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación
ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la
corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza
democrática y la calidad de los servicios públicos (Ramírez-Alujas y Dassen,
2012:49).
Para
ser miembros de la AGA, los países participantes deben confirmar su acuerdo en
cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan sustento a la
iniciativa: a) Suscribir la Declaración de Principios sobre Gobierno Abierto y
aprobarla al más alto nivel. b) Asumir compromisos concretos, mediante la
elaboración e implementación de un plan de acción nacional que se extiende más
allá de las prácticas actuales en desarrollo y que debe ser llevado a cabo a
través de un proceso de consulta con las múltiples partes interesadas y con la
participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil. c) Comprometerse
a un informe de evaluación a cargo de un panel de expertos independientes sobre
el progreso del país en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el plan
de acción, y d) Contribuir a la promoción del gobierno abierto en otros países
mediante el intercambio de mejores prácticas, conocimientos y asistencia
técnica, tecnologías y recursos, entre otros. Los compromisos definidos por AGA
están alineados en torno a un conjunto de cinco grandes desafíos o ejes
estratégicos que debe asumir los gobiernos que quieran incorporarse. Estos
cinco ejes estratégicos son:
1. Mejoramiento
de los servicios públicos: Busca promover la mejora e innovación en la
prestación y gestión de la amplia gama de servicios públicos a la población
(salud, educación, justicia, agua potable, electricidad y telecomunicaciones,
entre otros).
2. Incrementar
la integridad pública: Implica esfuerzos por avanzar en ética pública,
prevención y ataque a la corrupción, acceso a la información, reformas
financieras, así como la promoción y afianzamiento de libertades de la sociedad
civil y de los medios de comunicación.
3. Gestión
efectiva y eficiente de los recursos públicos: Comprende el uso adecuado en
la asignación de recursos presupuestarios, financiamiento tanto interno como
externo y aprovechamiento y conservación de recursos naturales, etc.
4. Crear
comunidades más seguras: Comprende avances en seguridad pública, respuesta
y atención ante desastres naturales, riesgos ambientales y protección civil,
entre otros.
5. Incremento
de la responsabilidad corporativa y rendición de cuentas institucional y del
sector privado: Implica promover la responsabilidad empresarial en temas
tales como medio ambiente, protección del consumidor, participación de la
comunidad y combate contra la corrupción. Por tanto, los países deben priorizar
y escoger al menos uno de estos grandes desafíos en términos de concretar
compromisos específicos a través de planes de acción que, además, deberán
reflejar y estar guiados por cuatro principios centrales de gobierno abierto
propuestos por la Alianza para el Gobierno Abierto AGA: (a) transparencia; (b)
participación ciudadana; (c) rendición de cuentas; e (d) innovación y
tecnología:
a. Transparencia:
La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental deben ser
abiertos, completos, oportunos, gratuitos y de fácil acceso para el público.
Ello supone que los datos públicos deben cumplir con parámetros y estándares
comúnmente reconocidos, tales como estar disponible en formato bruto,
susceptibles de ser procesados, que puedan ser accesibles a través de
herramientas tecnológicas y de comunicación, etc.
b. Participación
Ciudadana: Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese e
involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados (aportando
información y espacios de consulta) y mediante contribuciones que conduzcan a
una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable y que atienda las
necesidades de la sociedad.
c. Rendición
de cuentas: Supone la existencia de normativas, procedimientos y mecanismos
para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a
requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad
por sus actos u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los
compromisos asumidos.
d. Innovación
y Tecnología: La idea de que los gobiernos han aceptado y hoy se adhieren a
constatar la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más
abierto a la nuevas tecnologías, y el relevante rol que ellas tienen en la
innovación, así como la importancia de éstas para aumentar la capacidad de los
ciudadanos en el uso que de ellas hacen. La convocatoria y el llamado a
integrar los principios del gobierno abierto han tenido una sorprendente
respuesta a nivel mundial y particularmente, América Latina y el Caribe,
constituyen un caso excepcional en la materia. De los 63 países que actualmente
integran la AGA en el mundo, 15 pertenecen a la región. De este grupo, 14
países ya cuentan con planes de acción y compromisos asumidos 5, unos en su
fase inicial de puesta en marcha y otros culminando; las demás por iniciar un
proceso de evaluación independiente.
3.- CONCEPTUALIZACION DE GOBIERNO ABIERTO
Antes
de empezar a indagar sobre el concepto principal del presente trabajo, es
necesario hacer referencia al sistema político en el cual se enmarca, la
de-mocracia. El término democracia, etimológicamente, proviene del griego anti-
guo δημοκρατία, pero surgió en Atenas en el siglo V a.C. a partir de los
vocablos δῆμος (demos, que se podría traducir como “pueblo”) y κράτος (krátos,
que se podría traducir como “poder” o “gobierno”), los cuales, unidos, se
referirían al “gobierno del pueblo” como democracia.
Gobierno
abierto tiene varias definiciones, como transparencia, participación ciudadana,
rendición de cuentas y la innovación tecnológica. Entonces
podemos decir que el Gobierno Abierto significa facilitar
el acceso de los ciudadanos a los espacios de participación, transparencia y
servicios que el Estado tiene disponibles para ellos, reuniéndolos en un solo
lugar.
También se puede aseverar que El Gobierno Abierto es
una doctrina política que surge a partir de la adopción de la filosofía del
movimiento del software libre a los principios de la democracia. El objetivo
principal era reclamar la apertura del gobierno y la participación ciudadana frente al
secretismo con el que se actuaba.
4.- NORMATIVA APLICABLE
En Bolivia se cuenta con la Ley General de Telecomunicaciones,
Tecnologías de Información y Comunicación nº 164,
en la que se habla de Gobierno Electrónico y el uso de TICs para el
acercamiento con la ciudadanía, y el Decreto Supremo 214 que aprueba la
Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sin embargo la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información todavía se mantiene como
“proyecto” desde el año 2008.
También es importante mencionar la Ley Nº 341 de
Participación y Control Social en la que encontramos las obligaciones del
Estado, para garantizar el Acceso a la Información, Rendición Pública de
Cuentas hasta la evaluación de resultados de gestión.
Hasta
hace poco era uno de los requisitos para participar de la plataforma AGA (Alianza para el Gobierno Abierto) de Estados
para el Gobierno Abierto, hoy ya no es un requisito. Paraguay es uno de los
últimos países que, no teniendo una Ley de acceso a la información pública, ha
podido ser parte de esta plataforma.
En este sentido, más allá de la
creación y aprobación de normativas, se requiere un fuerte componente de
voluntad política y exigencia desde la ciudadanía para que la gestión estatal
en Bolivia sea transparente y que se incluya a la población para una
fiscalización real a través de los Gobiernos Abiertos.
5.- PROPUESTA DE PRINCIPIOS PARA GOBIERNO
ABIERTO
Principio
|
Descripción
|
1. Participación efectiva
|
Se
promueve la participación e incluye informar, consultar, involucrar y
capacitar a los ciudadanos y las organizaciones sociales.
|
2. Transparencia y rendición de cuentas
|
Los
gobiernos deben rendir cuentas de forma activa para todos sus actos y asumir
la responsabilidad pública de sus acciones y decisiones.
|
3. Datos abiertos
|
Deben
ser publicados datos abiertos completos, primarios, desglosados, actuales,
con permiso para usar y de conformidad con las normas internacionales para la
publicación de datos web.
|
4. Apertura y la reutilización de la información
pública
|
La
información pública debe fluir para alcanzar su pleno potencial. Con
prioridad al uso de licencias libres que permiten la reutilización de la
información.
|
5. Acceso y sencillez
|
Siempre
que sea posible, utilizar lenguaje simple y fácil de entender.
|
6. Control Social
|
Prácticas
y políticas deben ser diseñadas para fomentar el Control Social en todas las
etapas del proceso.
|
7. Inclusión y diversidad
|
Hay
atención a la diversidad y la inclusión. Las mujeres, los discapacitados, las
minorías y / o vulnerables están incluidos. La atención incluye el uso de
idiomas, tecnologías y metodologías apropiadas para incluir a las minorías.
|
6.- ESTÁNDARES DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN y RENDICIÓN DE
CUENTAS
Estándares
de transparencia
1.
Derecho a Saber: Que los gobiernos reconozcan el derecho fundamental de los
ciudadanos a acceder a la información, con excepciones limitadas, y que
faciliten información en respuesta a las solicitudes y de manera proactiva.
2.
Toda la información, de todos los organismos públicos: Que el derecho de acceso
a la información sea aplicado a toda la información en poder de organismos
nacionales y supranacionales, incluidos todos los órganos que desempeñan
funciones públicas y que operan con fondos públicos.
3. El
acceso es la regla - El secreto es la excepción: La información puede ser
retenida sólo si su divulgación podría causar un daño demostrable a intereses
legítimos de lo permitido por el derecho internacional, y sólo después de
considerar el interés público en dicha divulgación. Estos intereses deben ser
protegidos de manera clara y específicamente definidos en la legislación
nacional, y debe aplicarse sobre una base de caso por caso. Las mismas
excepciones para mantener la información divulgada en respuesta a las
solicitudes de acceso a la información y que se describe de forma proactiva,
incluso bajo las políticas de datos abiertos.
4.
Publicación proactiva: Que las entidades públicas deban publicar de manera
proactiva información de interés público, haciendo los esfuerzos necesarios
para asegurar el acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a dicha información.
5.
De carácter gratuito y libre para su reutilización: Que la información se haga
pública sin cargo y sin límites en reutilización, incluyendo los impuestos por
las licencias u otras restricciones; el derecho a la reutilización de la
información pública está en consonancia con el acceso a la información y es
parte del derecho fundamental a la libertad de expresión.
6.
Formatos Abiertos: La información almacenada electrónicamente debe ser
entregada a quienes lo soliciten por vía electrónica y en un formato abierto.
La información publicada proactivamente siempre debe estar disponible en
formatos abiertos a todo evento.
7.
Recopilación de información: que los organismos públicos y las entidades
privadas que entran en el ámbito de aplicación del derecho de acceso a la
información deban recopilar la información necesaria para la participación
pública y la rendición de cuentas. Deben asegurarse de que esta información se
compila en una manera oportuna, actualizada periódicamente, y que es clara,
completa y comprensible.
8.
Mecanismo/Entidad de Supervisión Independiente: Que el derecho de acceso a la
información sea supervisado por un organismo independiente que revise su
cumplimiento, y que pueda llevar a cabo investigaciones de oficio, recibir y
decidir sobre denuncias de los ciudadanos, que esté facultado para ordenar
medidas apropiadas asegurando el cumplimiento y la imposición de las sanciones
correspondientes si correspondiesen.
Estándares
para la participación
1.
Apertura: Promover consultas públicas ampliamente, incluso por Internet, listas
de correo, anuncios públicos y medios de comunicación, animando a todos a participar
y en particular, a los grupos de interés comprometidos.
2.
Plazos claros y razonables: Que los procesos participativos estén estructurados
de manera de asegurar el tiempo suficiente para permitir que las partes
interesadas puedan aprender acerca de la consulta, revisar los materiales,
preparar y garantizar la calidad de los aportes considerados.
3.
Información completa, clara y comprensible: Que los materiales de apoyo
disponibles para los servidores públicos involucrados en los procesos de toma
de decisiones se pongan a disposición de los ciudadanos; que los principales
datos y su análisis deban ser presentados en una forma que sea accesible y
comprensible para el público.
4.
Colaboración activa: Que los organismos públicos sean proactivos en sus
interacciones con el público, estableciendo múltiples canales para obtener
información (por ejemplo, consultas en línea, audiencias públicas, grupos
focales), garantizando así que todos los interesados tengan la oportunidad de
participar, y que el debate en torno a un problema pueda evolucionar y madurar
con el tiempo.
5.
Procedimientos de trabajo claros: Que las reglas sobre la forma de participar
en las consultas sea clara, junto con la definición de plazos y cómo deben ser
suministrados los comentarios que deberán enviarse a la autoridad pública, así
como los lugares y fechas de las audiencias públicas y la manera de obtener
invitaciones para asistir y participar.
6.
Empoderamiento: Que los procesos participativos tengan por objeto colocar la
decisión final en manos del público. Todos los comentarios recibidos deben ser
cuidadosamente revisados y las perspectivas presentadas deben incorporarse en
la documentación sobre la decisión final. Una justificación detallada debe ser
entregada sobre el por qué y el cómo se han tenido en cuenta las opiniones del
público.
7.
Transparencia y rendición de cuentas: Informes sobre las respuestas recibidas,
y sobre quienes participaron con comunicaciones escritas o en audiencias
públicas, junto con las principales observaciones presentadas, y el
razonamiento por escrito explicando cómo los comentarios recibidos se tuvieron
en cuenta debiendo estar todo ello disponible en un lugar de fácil acceso para
que cualquier miembro del público pueda encontrarlo y consultarlo.
Estándares
para la rendición de cuentas
1.
Códigos de conducta: Normas claras de comportamiento: Que existen normas y
reglas de conducta en la vida pública, como un código de conducta. Esto debe
ser aplicado por las instituciones que garantizan la rendición de cuentas y la
responsabilidad de los funcionarios públicos electos y no electos sobre sus
actos y decisiones, asegurando el evitar la participación en las decisiones o
sentencias afectadas por sus intereses privados. Los funcionarios públicos
también deben ser obligados por códigos de buena conducta administrativa para
mantener un registro veraz y completo de sus acciones, definiendo un registro
de todo proceso de toma de decisiones y los procesos legislativos, y la captura
de todas las entradas en este tipo de procesos, lo que debería quedar reflejado
en actas de las reuniones con cabilderos y representantes de grupos de interés.
2.
Mecanismos de prevención de los Conflictos de Intereses: Que los posibles
conflictos de interés en el proceso de toma de decisiones se puedan evitar a
través de un marco normativo claro y prácticas que aseguren que los
funcionarios públicos no están comprometidos en las decisiones donde su juicio
podría verse afectado por intereses privados.
3.
Publicidad de los Bienes (Declaración de Patrimonio): Un régimen eficaz y
transparente sobre divulgación de activos (declaración de patrimonio y/o
bienes) crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento ilícito durante
el servicio público puede ser prevenido.
4.
Transparencia y Regulación del Lobby (Cabildeo): Que las acciones de lobby (o
cabildeo) estén sujetas a controles normativos (o marcos adecuados de
regulación) acompañados de la suficiente transparencia para garantizar que el
público tenga la supervisión sobre la influencia de intereses particulares o de
grupos de interés en la toma de decisiones públicas.
5.
Mecanismos de Denuncias y protección para denunciantes: Que existan canales de
protección para los funcionarios públicos que denuncien y hagan pública la
información que revela actos de corrupción, conductas inapropiadas,
irregularidades, mala administración o derroche de recursos públicos dentro del
gobierno, y que existan mecanismos mediante los cuales se actúe en consecuencia
frente a estas revelaciones (protección para aquellos que plantean la alerta,
si lo hacen internamente o por hacer públicas dichas revelaciones). También
debería haber sanciones por no informar irregularidades.
6.
Transparencia en Compras Públicas y Adquisiciones: Que exista una total
transparencia en los procesos de contratación pública, con el objetivo de
reducir las oportunidades de corrupción y garantizar el gasto efectivo de los
fondos públicos, así como la creación de unas condiciones de igualdad de
oportunidades de negocio.
7.
Organismos de supervisión/vigilancia independientes: Que existan organismos
independientes que supervisen el ejercicio del poder público, que pueden ir
desde las instituciones de Ombudsman (Defensor del Pueblo) para la supervisión
de los servicios públicos y el gasto público (oficinas de auditoría) a la
fiscalización de los poderes legislativo y judicial. Si bien, esta propuesta de
estándares no constituye de manera formal una plataforma de base sobre la cual
construir una agenda en materia de gobierno abierto ya que ello depende de cada
país y contexto institucional particular, define de manera concisa y coherente
las fronteras y alcances que deben ser considerados al momento de emprender el
desafío de consolidar y promover reformas en el ámbito del gobierno abierto,
aplicable a diversas realidades y reconociendo la existencia de estándares
mínimos en algunos ámbitos, trabajados previamente, en los ámbitos de
transparencia, participación y rendición de cuentas.
Por
las características que significa este proceso es un error pensar en las
dimensiones clásicas para evaluar los programas públicos como: la eficiencia,
la eficacia, la calidad y la economía, ya que el valor público se producirá
como consecuencia de la relación de los diversos y múltiples involucrados. De
acuerdo con Michelle Harrison el valor público puede ser descrito en términos
de 6 dimensiones que intentan capturar el rango de posibles resultados de la
acción del gobierno:
1.
Financiero: Impacto actual o futuro de
ingresos, valor de activos, pasivos o cualquier otro aspecto relacionado con la
riqueza y el riesgo.
2.
Político: Impacto en una persona o un grupo
de influencia o partidos políticos como producto de la acción del gobierno o su
política.
3.
Social: Impacto en las relaciones con la
comunidad o familias, en la movilidad social, estatus o identidad.
4.
Estratégico: Impacto en personas o grupos
económicos relevantes en sus objetivos y recursos para la innovación o el
planeamiento.
5.
Ideológico: Impacto en las creencias, en la
moral o en los compromisos éticos y en el alineamiento de las acciones de
gobierno en sus resultados de la política social por las nuevas posiciones
morales o éticas.
6.
Legitimidad y Respeto: Impacto en la visión
de los personeros de gobierno en el cuidado de valores en términos de creación
de confianza, integridad y legitimidad de las instituciones públicas.
Adicionalmente, este modelo incorpora un conjunto de generadores de valor que
consisten en:
a. Eficiencia:
Obtener mayores resultados con los mismos recursos u obtener los mismos
resultados con un consumo menor de recursos.
b. Efectividad:
Incrementar la calidad de los resultados deseados.
c. Mejoramiento
intrínseco: Cambia el ambiente y las circunstancias a los involucrados de una
manera que es considerada por ellos como un valor.
d. Transparencia:
Acceso a información sobre las acciones de los personeros de gobierno o la
operación de los programas que incremente la rendición de cuentas o la
influencia sobre el gobierno.
e. Participación:
La frecuencia e intensidad del involucramiento directo en la toma de decisiones
en la operación de programas o en la selección de acciones de la autoridad.
f. Colaboración:
Duración de actividades en las cuales más de un conjunto de involucrados comparte responsabilidades o autoridad en las
decisiones de operación, política u otras acciones del gobierno.
8.- DESAFIOS
Cuando
hablamos de Gobierno Abierto el concepto va más allá de la oferta de servicios
en línea, se habla fundamentalmente de valores, de repensar administraciones y
gobiernos, sus procedimientos y sus dogmas.
Gobierno
Abierto es colocar el resultado por delante del procedimiento, abandonar las
tautologías administrativas, propiciar la democracia deliberativa en todos los
puntos de las administraciones y abandonar el concepto administrado por el de
ciudadano. En resumen, los cambios a realizar por un gobierno para integrarse
en la idea de Gobierno Abierto son:
a.
Cambio cultural: Es imprescindible entender cuál es el objetivo de la
administración y de todos los que trabajan en ella, que es servir a los
ciudadanos y el ciudadano debe estar en el centro de la gestión. Conseguir esto
en la Administración Pública significa una revolución cultural en la forma de
hacer las cosas y en las actitudes de los trabajadores de lo público.
b.
Cambio en los procesos: Los procesos en la administración pública no han sido diseñados
para servir a los ciudadanos, no son cómodos para el ciudadano o no le ayudan,
y por lo tanto hay que re-ingeniarlos para conseguir que así sea, hay que
eliminarlos o cambiarlos.
c.
Cambio en la organización: Las organizaciones públicas están diseñadas bajo
modelos jerárquicos que nada tienen que ver con la eficiencia. Es
imprescindible reorganizar las administraciones, las plantillas y la definición
de los puestos de trabajo para poder actuar bajo un modelo en red, orient6 tado a proyectos y a la consecución de
resultados.
d.
Cambio en las formas de relación: Del mostrador a la mesa redonda, del correo
certificado a la comunicación en línea, de la obligación a la presencia física
a las facilidades de relación, entre otras.
9.- CONCLUSIONES
Las
políticas de transparencia que se están impulsando en América Latina, gracias a
las legislaciones que han ido aprobando los Estados, son un fuerte impulso para
este enfoque de apertura y constituyen una genuina oportunidad para fortalecer
la democracia. Sin embargo, la transparencia y el uso de las tecnologías de la
información no bastan: es preciso prevenir los riesgos que se apuntan en este
trabajo y, en especial, afrontar el reto de reformar la Administración Pública
para adecuarla a las exigencias de una democracia participativa.
Otro
pilar fundamental de este nuevo modelo, es la gestión de la información en
formatos abiertos, comúnmente llamado “datos abiertos”, el cual consiste en el
acceso y uso de la información pública por parte de terceros para entregar
nuevos servicios a los ciudadanos. Se trata de poner a disposición de la
sociedad, de manera libre, gran cantidad de datos procedentes de diferentes
organizaciones del ámbito de la Administración Pública o de aquellos proyectos
que han sido financiados con dinero público. El objetivo de “abrirlos” a la
sociedad es que ésta pueda sacar provecho de ellos ya que las organizaciones
que los ofrecen no pueden, no quieren o simplemente no tienen la capacidad de
analizarlos o de procesarlos. Ponerlos a disposición de la sociedad hace que
cualquier persona u organización pueda construir sobre ellos una nueva idea que
resulte en nuevos datos, conocimientos o incluso servicios. Se trata entonces,
de abrir una puerta a la innovación y al conocimiento así como ofrecer nuevas
oportunidades de negocio, pues aprovecha la gran riqueza de información que se
encuentra en manos de la administración pública.
Las
distintas reparticiones públicas poseen gran cantidad de fuentes de información
que utilizadas de manera creativa y combinándolas adecuadamente con otras
fuentes permiten crear aplicaciones de valor añadido.
Las
iniciativas de datos abiertos que se están implementando en el mundo, ponen de
manifiesto que la apertura de datos no sólo facilita la distribución de
servicios a los ciudadanos, sino también el control que éstos pueden ejercer
sobre su calidad.
Se
está demostrando que el desarrollo económico puede venir dado por el retorno
producido de la creación y venta de nuevas aplicaciones o servicios, o también por
el ahorro que puede suponer producir servicios innovadores reutilizando, con un
mínimo costo, información que proviene del sector público la realidad ha
cambiado y sigue cambiando aceleradamente.
Cada
día aumenta en los países tanto la penetración de la banda ancha como el número
de personas conectadas y el tiempo de conexión independientemente de la edad
del usuario, desafortunadamente a la cola de los países desarrollados pero en
continuo crecimiento.
La
humanidad se encuentra en un nuevo periodo, la sociedad-red, un nuevo espacio
que cada día es menos abstracto y más tangible. Son todos ellos
ciber-ciudadanos, en nuevo mundo.
Los
gobiernos están aplicando reglas de la sociedad analógica, produciéndose en
esta dialéctica externalidades que comienzan a generar, primero frustración, y
posteriormente descontento.
Si
los Estados no lo asumen, adaptándose creativamente para aprovechar las nuevas
oportunidades que se abren, se perderá una valiosa posibilidad para mejorar la
calidad de las instituciones públicas, permitir que los ciudadanos sean
verdaderos protagonistas de su destino y construir una sociedad con menos
desigualdad.
Jorge Raul Costas Arze
GOBIERNO
ABIERTO: LOS PILARES
PARTICIPACION.- Que los
ciudadanos puedan participar directamente en el análisis de las opciones de
política pública y en las decisiones del gobierno, y contribuyan con ideas y
evidencia que oriente las políticas, leyes y decisiones que mejor sirvan a la sociedad
y a los amplios intereses democráticos.
CONTROL SOCIAL.- Que los
ciudadanos puedan controlar las acciones y decisiones públicas y del Gobierno,
para garantizar la transparencia y el buen uso de la cosa pública.
TRANSPARENCIA.- Que la
información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté
a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en
formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización.
RENDICION DE CUENTAS.- Que existan
normas, reglamentos y mecanismos que orienten el comportamiento de las
autoridades electas y funcionarios en el ejercicio del poder público y el gasto
de los recursos fiscales.
Comentarios
Publicar un comentario