Indígenas inician Acción de Protección

Palabras Cruzadas, Agencias.- En un comunicado la ONG Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana afectados por un derrame de petróleo en abril pasado y por las repercusiones del coronavirus SARS-CoV-2 en las comunidades.

Manifiesta además que los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, "cuya vida e integridad está en riesgo por derrame de petróleo y el COVID-19", reclaman respeto al debido proceso en acción legal para proteger sus derechos, ante esta “grave situación de vulnerabilidad" en la que se encuentran las personas y comunidades afectadas por el derrame de crudo sobre sus fuentes de agua y alimentación, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.

Entre ellas, las comunidades de las nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen de los ríos como fuente de agua y alimento.

Lo que se busca es que las personas y comunidades afectadas estén seguras y proveerles de la asistencia humanitaria requerida, con su participación, en todas las etapas de la emergencia.

Asimismo, expresó su preocupación por actos procesales que presuntamente ponen en riesgo las garantías del debido proceso en la acción de protección y medidas cautelares (medidas urgentes de protección), presentada en abril a favor de aproximadamente 120.000 personas afectadas por el derrame de crudo.

En ese contexto, las organizaciones demandantes señalan, por ejemplo, que el juez del cantón Orellana a cargo del caso, supuestamente les ha solicitado información "no requerida por la ley como los datos de contacto de las entidades demandas para dar trámite a la demanda".

La demanda señala como responsables al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la empresa estatal de petróleos Petroecuador y la empresa privada OCP.