Los mensajes de WhatsApp son prueba válida para exigir responsabilidades al demandado Así se desprende de una reciente sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers (Barcelona)

 

El caso lo ha llevado el letrado Mario Rodríguez López, responsable del área Civil de Legalion Abogados, quien destaca "la importancia de conservar los mensajes de WhatsApp, como prueba fundamental".

Por: Rosalina Moreno

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers (Barcelona) ha estimado que los mensajes de WhatsApp son una prueba válida para exigir responsabilidades al demandado, y ha condenado a un deudor a pagar 5.000 euros de un préstamo verbal que le hizo un amigo, del que no había contrato por escrito. Cantidad a la que se sumarán los intereses procesales desde el dictado de la sentencia.

«¿Cuál fue el problema en este caso? Que el préstamo se hizo en un ambiente de confianza entre personas que se llevaban bien y no se firmó absolutamente nada, por lo que no había ningún soporte documental. Se hizo la transferencia de dinero y luego esa persona no quería devolverlo», relata a Economist & Jurist el letrado que llevado el caso, Mario Rodríguez López, responsable del área Civil de Legalion Abogados.

El demandante se encontró con que no tenía nada que demostrase que efectivamente hubo un préstamo, a diferencia de una donación o de un regalo. Entonces decidió acudir a la Justicia y asistido por este abogado presentó una demanda, a la que aportaron los justificantes bancarios de los traspasos realizados a través de transferencias bancarias y bizums, así como las conversaciones mantenidas a través de WhatsApps.

«Precisamente, por medio de las conversaciones de WhatsApp a las que, quizás, el deudor no estaba dando mucha importancia, vino a reconocer que efectivamente adeuda esa cantidad, cuando podría haberlo negado. También manifestó la voluntad de devolver las cantidades recibidas, pero no devolvió el importe total entregado ni atendió a los requerimientos extrajudiciales efectuados. Y este WhatsApp ha adquirido, prácticamente, el carácter de un contrato, de un reconocimiento de deuda«, relata el letrado.

También apunta la particularidad de que no han tenido que cotejar el terminal móvil para demostrar que esa conversación correspondía a la mantenida entre demandante y demandado, y ha sido suficiente con los pantallazos de la misma.

«Ahora bien, hemos tenido la cautela de demostrar que ese número de contacto está relacionado con un nombre», agrega María Rodríguez, destacando la importancia, de cara a la prueba de relacionar que dicho número de teléfono corresponde al demandado, «para que no haya ninguna duda de que esa conversación se está manteniendo con él y así no sea necesario cotejar el terminal móvil».

El demandado no contestó a la demanda, fue declarado rebeldía procesal, y la juez María Peiró Sendra considera que toda esta prueba era más que suficiente para demostrar la realidad del préstamo, y lo ha condenado a pagarlo en una sentencia dictada el pasado 8 de febrero (55/2024), que impone también las costas al demandado.

«Por medio de estas comunicaciones lo que demostramos fue el ánimo de devolución de ese dinero, que le da el carácter de préstamo, en lugar de un regalo o de una donación», señala con satisfacción el abogado, aunque todavía la sentencia no es firme, ya que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Mario Rodríguez destaca «la importancia de conservar los mensajes de WhatsApp, como prueba fundamental, ya que pueden darte el éxito en el procedimiento judicial». «Son una prueba válida para demostrar cualquier contrato o para exigir responsabilidad al demandado en cualquier situación», insiste.

La argumentación de la juez

La juzgadora expone en la resolución que de la documentación aportada por el demandante «queda constancia tanto de la cantidad total reclamada, al acompañar los justificantes bancarios de los traspasos realizados por vía bizum y transferencia bancaria» al demandado, «como de la realidad de la deuda, ante su reconocimiento» por parte del deudor en las conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, y señala que sobre extremos el demandado no ha probado el pago de las cantidades reclamadas o no deber las mismas, al encontrarse en situación de rebeldía procesal.

En cuanto al valor probatorio de los documentos aportados, señala el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone que: “1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen”.

Y en relación a ello -prosigue Peiró-, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de septiembre de 2015 Sección 13a (recurso número 154/2015) refiere que “con carácter general, y en relación a la prueba documental privada, es oportuno efectuar las siguientes consideraciones: A) A tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del precepto transcrito, la L.E.C. establece la carga procesal de reconocer o negar la autenticidad del documento privado; es decir, basta con la no impugnación o la actitud pasiva de la parte a quien haya de perjudicar, en cuyo caso tienen pleno valor probatorio, de manera que tienen la misma fuerza probatoria que los documentos públicos (remisión al 319 LEC): harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y de más personas que, en su caso, intervengan en ella, en cualquier caso es preciso tener en cuenta las limitaciones a esta afirmación, sobre todo respecto a terceros que se derivan de los mencionados preceptos del Código Civil”.

«Por tanto, si bien es cierto que se cuenta únicamente con los documentos confeccionados por la parte actora, señalar que la parte demandada no ha impugnado el valor de los mismos ni ha aportando, como ya hemos indicado, documento alguno o elemento probatorio que permita acreditar que ha pagado las cantidades que se le reclaman o que no las debe por cualquier circunstancia y ello, pese a incumbirle la carga de la prueba con arreglo al artículo 217 de la LEC», razona la juez.

Y habiendo quedado acreditada la realidad de la deuda y que el demandado no habría reintegrado la cantidad prestada, estima íntegramente la demanda y, en consecuencia, condena a abonar el dinero prestado.

La culpa es del poder

 

Por:  JORGE RICHTER RAMÍREZ

El pensamiento de la escuela estoica, hoy releído en un cúmulo de nuevas lecturas e interpretaciones rescatadas de lo mejor de su razonamiento conclusivo, afirma que, “si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará”. La revalorización de los paradigmas e ideales del estoicismo pueden encontrarse en el escenario construido por un mundo desbordado e incontrolado, donde el egoísmo y la ambición múltiple destruyen toda posibilidad de convivencia social tolerante y civilidad democrática. Se escribe y se dice sobre el estoicismo que “una de las razones de su popularidad en el tiempo actual es su enfoque en el desarrollo de la resiliencia y la fortaleza mental, además de que nos anima a cultivar la virtud en todas nuestras acciones”.  El estoicismo fue, en los hechos, uno de tantos retornos a la tradición clásica de la filosofía en la búsqueda de construir un pensamiento y una concepción más humana de la vida y de las relaciones sociales, pero también de la convivencia en sociedad y de las instituciones de la organización estatal. 

Un tiempo antes, la escuela cínica, esa que estuvo representada por Antístenes, Diógenes y su miembro más destacado Crates, mostraron en su pensamiento una molestia por todo convencionalismo e indiferencia valorativa por la propiedad, el matrimonio, el gobierno, las leyes, la buena reputación y todas aquellas convenciones de la vida civilizada, por supuesto que por las instituciones también. Bastaba únicamente, para ellos, la sabiduría, esa que les confería la posibilidad de bastarse a sí mismos, lo cual desde el punto de vista moral era ya suficiente. Frente a esta autarquía, Panecio de Rodas reexpuso el estoicismo convirtiéndolo en una filosofía del humanitarismo, allí el ideal de servicio público, humanidad, amabilidad y simpatía. La razón es ley para todos los hombres y todos los hombres son iguales, aún a pesar de sus condiciones y situaciones en el grupo social. El igual valor de hombres y mujeres, el respeto por los derechos de las esposas e hijos. La tolerancia y la caridad hacia nuestros semejantes. La humanidad en todos los casos. Los derechos extensivos para todos y se debe asegurar la dignidad humana, es la justicia la que debe refrendar que esa dignidad llegue a todos. 

Transitamos un tiempo en el que no se logran gestionar con suficiencia las ambiciones políticas y de poder. Además, la historia universal exhibe sobrados ejemplos de personas que fueron deteriorándose espiritualmente por culpa del poder, conductas despedazadas por la ambición de acumularlo sin refreno, personas deshumanizadas, hombres de enorme valía y grandeza reducidos por el obcecado desenfreno del poder.  Napoleón, durante su irrefrenable intención de expansionismo imperial afirmó victorioso: “la bala que ha de matarme aún no ha sido fundida”. Aquella vanagloria parecía confirmarse en cada paso que daba el monarca para agigantar su poder. El poder somete, doblega y enferma a líderes y políticos antes que corromperlos. Los domina con una presión impensada e inimaginada. Las tentaciones a las cuales son expuestos parecieran ser incontrolables, y después, finalmente, cuando ya son desconocidos de lo que en algún momento fueron, los corrompe por los cuatro costados. 

Concentrar el poder en una sola persona reduce las instituciones y se constituye en una restricción a las garantías de igualdad y libertad. Se dice, y tienen razón, que el poder y los liderazgos son cargas en exceso pesadas y que conviene repartirlos en varias espaldas. Los políticos que no logran abstraerse de la eternización del poder, de la vigencia perenne, concluyen su vida aislados por la paranoia y la monomanía, presos del planteamiento fijo e invariable, del método único, de la inflexibilidad y del pasado exitoso. Las sociedades mutan y se transforman y los liderazgos insistentes, amarrados al tiempo pasado se convierten en elementos desairados primero y repelidos después.

“Quien solo sabe usar el martillo, en todo ve clavos” dice la expresión popular. Es una reflexión ante la inalterable rigidez. Si no cambias, sino te transformas sales de la sociedad y no ensamblas con el mundo que te rodea. La obstinación y la insistencia no deben comprenderse como una virtud únicamente. Pueden albergar en sí las caracteristicas propias del vicio de la irracionalidad y la terquedad. Ser valiente es algo distinto de ser temerario. La imaginación de quien cree que siempre ganará y que lo obtendrá todo y que el no darse por vencido -vulnerando a su paso cuanto obstáculo encontrase incluyendo lo legal/institucional- es una demostración de carácter solo construye destrucción y quebranto.El pensamiento de la escuela estoica, hoy releído en un cúmulo de nuevas lecturas e interpretaciones rescatadas de lo mejor de su razonamiento conclusivo, afirma que, “si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará”. La revalorización de los paradigmas e ideales del estoicismo pueden encontrarse en el escenario construido por un mundo desbordado e incontrolado, donde el egoísmo y la ambición múltiple destruyen toda posibilidad de convivencia social tolerante y civilidad democrática. Se escribe y se dice sobre el estoicismo que “una de las razones de su popularidad en el tiempo actual es su enfoque en el desarrollo de la resiliencia y la fortaleza mental, además de que nos anima a cultivar la virtud en todas nuestras acciones”.  El estoicismo fue, en los hechos, uno de tantos retornos a la tradición clásica de la filosofía en la búsqueda de construir un pensamiento y una concepción más humana de la vida y de las relaciones sociales, pero también de la convivencia en sociedad y de las instituciones de la organización estatal. 

Un tiempo antes, la escuela cínica, esa que estuvo representada por Antístenes, Diógenes y su miembro más destacado Crates, mostraron en su pensamiento una molestia por todo convencionalismo e indiferencia valorativa por la propiedad, el matrimonio, el gobierno, las leyes, la buena reputación y todas aquellas convenciones de la vida civilizada, por supuesto que por las instituciones también. Bastaba únicamente, para ellos, la sabiduría, esa que les confería la posibilidad de bastarse a sí mismos, lo cual desde el punto de vista moral era ya suficiente. Frente a esta autarquía, Panecio de Rodas reexpuso el estoicismo convirtiéndolo en una filosofía del humanitarismo, allí el ideal de servicio público, humanidad, amabilidad y simpatía. La razón es ley para todos los hombres y todos los hombres son iguales, aún a pesar de sus condiciones y situaciones en el grupo social. El igual valor de hombres y mujeres, el respeto por los derechos de las esposas e hijos. La tolerancia y la caridad hacia nuestros semejantes. La humanidad en todos los casos. Los derechos extensivos para todos y se debe asegurar la dignidad humana, es la justicia la que debe refrendar que esa dignidad llegue a todos. 

Transitamos un tiempo en el que no se logran gestionar con suficiencia las ambiciones políticas y de poder. Además, la historia universal exhibe sobrados ejemplos de personas que fueron deteriorándose espiritualmente por culpa del poder, conductas despedazadas por la ambición de acumularlo sin refreno, personas deshumanizadas, hombres de enorme valía y grandeza reducidos por el obcecado desenfreno del poder.  Napoleón, durante su irrefrenable intención de expansionismo imperial afirmó victorioso: “la bala que ha de matarme aún no ha sido fundida”. Aquella vanagloria parecía confirmarse en cada paso que daba el monarca para agigantar su poder. El poder somete, doblega y enferma a líderes y políticos antes que corromperlos. Los domina con una presión impensada e inimaginada. Las tentaciones a las cuales son expuestos parecieran ser incontrolables, y después, finalmente, cuando ya son desconocidos de lo que en algún momento fueron, los corrompe por los cuatro costados. 

Concentrar el poder en una sola persona reduce las instituciones y se constituye en una restricción a las garantías de igualdad y libertad. Se dice, y tienen razón, que el poder y los liderazgos son cargas en exceso pesadas y que conviene repartirlos en varias espaldas. Los políticos que no logran abstraerse de la eternización del poder, de la vigencia perenne, concluyen su vida aislados por la paranoia y la monomanía, presos del planteamiento fijo e invariable, del método único, de la inflexibilidad y del pasado exitoso. Las sociedades mutan y se transforman y los liderazgos insistentes, amarrados al tiempo pasado se convierten en elementos desairados primero y repelidos después.

“Quien solo sabe usar el martillo, en todo ve clavos” dice la expresión popular. Es una reflexión ante la inalterable rigidez. Si no cambias, sino te transformas sales de la sociedad y no ensamblas con el mundo que te rodea. La obstinación y la insistencia no deben comprenderse como una virtud únicamente. Pueden albergar en sí las caracteristicas propias del vicio de la irracionalidad y la terquedad. Ser valiente es algo distinto de ser temerario. La imaginación de quien cree que siempre ganará y que lo obtendrá todo y que el no darse por vencido -vulnerando a su paso cuanto obstáculo encontrase incluyendo lo legal/institucional- es una demostración de carácter solo construye destrucción y quebranto.

Hoy han rehabilitado el debate sobre el hecho producido por el 21-F, casi como desenterrar al occiso para reexaminarlo. La atención de todo lo dicho tiene al mismo actor en el centro de cada palabra. La trama sigue siendo la misma, como si el tiempo se hubiese detenido, una conducta aferrada en torno al poder y sus intenciones no desmentidas de dominio hegemónico. Si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará, sentencia la expresión estoica. El tiempo ha transcurrido, en realidad, nunca pudo detenerse, quien quedó inalterado en el pasado es aquel que sigue martirizando a un pueblo con piedras y daños ensordecido ante el paso de su tiempo, entonces, otra vez, la culpa es del poder.

 

El autor es politólogo y vocero presidencial

La filiación

 

Por: Jorge Costas Arze

La familia es la base de la sociedad y el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.

Para garantizar lo dicho líneas arriba, en Bolivia está el Código de las Familias o Ley 603, en la que encontramos en el artículo 18 o de “La acción de negación de paternidad o de desconocimiento de la paternidad”, que no puede intentarse por el marido después de seis meses, desde que ha tomado conocimiento de su registro, si estuvo presente, o desde su retorno al lugar donde se produjo el mismo, o domicilio conyugal, si no estuvo, o desde que descubrió el fraude, cuando se oculta el nacimiento.

El mismo artículo refiere que la persona que registró una filiación errónea puede también plantear la acción de negación de maternidad o paternidad en el término de cinco años computables desde la inscripción en el Servicio de Registro Cívico.

Otra consideración es pertinente, para mejorar el análisis.

Si el marido muere sin haber promovido la acción, vencido el plazo, sus herederos pueden ejercerla dentro de los seis meses que sigue al fallecimiento o al nacimiento del hijo si éste es póstumo.

Es realmente necesario realizar un análisis exhaustivo acerca de la caducidad que impone esta norma del Código de las Familias, para que quede sin efecto, de tal manera que la negación de maternidad o de paternidad pueda interponerse en cualquier momento, siendo imprescriptible, ya que la caducidad para demandar la negación de paternidad atenta contra el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, con referencia al derecho de petición como un derecho sagrado e inviolable.

A su vez, atenta contra los Artículos 108 y 109 del Código Niño, Niña y Adolescente, ya que tiene derecho a nombre propio e individual, a llevar los dos apellidos, paterno y materno, o un solo apellido sea de la madre o del padre y otro convencional para completar los dos apellidos (C.N.N.A. Ley 548-2014).

En la práctica leguleya, la interpretación de la ley está a cargo de los jueces, que aceptan demandas impensables; por ejemplo, el juez X acepta una demanda de impugnación de filiación, interpuesta por el hijo del padre fallecido (considerando que la madre también falleció), la misma dirigida a su “hermana” menor, ya que conoce que fue filiada cuando tenía 13 años; en la actualidad, cuenta con 25 años.

Corresponde el siguiente análisis: Al respecto, se precisa que la acción, intentada por el hijo, de “impugnación de filiación” al tenor de los artículos 20, 21-I y 22 de la Ley 603 es contradictoria con los hechos expuestos, ya que la filiación de su “hermana” data de cuando tenía 13 años, que la otorgó el padre fallecido, contando a la fecha con 25 años, es decir, hace 12 años, encontrándose en plena posesión de estado, por lo que se debería aplicar lo dispuesto por el Artículo 18 parágrafo II de la Ley 603 a la “negación de paternidad”, la misma se puede plantear en el término de cinco años computables desde la inscripción en el Servicio de Registro Cívico; en este entendido opera la caducidad de oficio como dispone el Artículo 1520 del Código Civil, por tratarse de derechos indisponibles.

Este extremo cuenta con el antecedente de que el hijo que impugnó la filiación también fue filiado a los tres meses de nacido, ya que la pareja no podía procrear hijos. Este caso demuestra la fetidez de nuestra justicia.

Acuerdo histórico: La UE se convierte en el primer continente en establecer una normativa para el uso de la IA Este reglamento, que entrará en vigor en el 2026, fija multas que van desde 35 millones de euros o el 7% de la facturación global hasta 7,5 millones o el 1,5% de la facturación global.

Por:  Luisja Sánchez Periodista Jurídico

Este viernes, al filo de la medianoche, los negociadores del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo provisional sobre la Ley de Inteligencia Artificial “AI Act», que entraría en vigor en el 2026 plenamente.

Ha hecho falta una maratoniana reunión de 36 horas en tres días consecutivos para lograr esos objetivos. Este reglamento tiene como objetivo garantizar que los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de derecho y la sostenibilidad ambiental estén protegidos contra la IA de alto riesgo, al tiempo que impulsa la innovación y convierte a Europa en líder en este campo.

Las reglas establecen obligaciones para la IA en función de sus riesgos potenciales y su nivel de impacto.

Aunque no participaba en las negociaciones, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se alegró en redes sociales de que se hubiera despejado el futuro de «una ley de inteligencia artificial de la UE, que es pionera en el mundo» y que crea «un marco legal único para el desarrollo de la inteligencia artificial el que se puede confiar».

“Europa ha liderado y ha cumplido”, subrayaba la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, según la cual, la AI Act, como se la conoce en inglés, es una legislación “vanguardista y responsable que imponte estándares globales”.

El redactado final se ha negociado bajo presidencia española, con la secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artiga al frente, uno de los artífices del acuerdo.

Por su parte, los comisarios de mercado interior, Thierry Breton, y de Valores, Vera Jurova, estuvieron presentes en los debates en los que el Parlamento defendió una mayor protección para la intimidad de las personas y el Consejo defendía las necesidades de los cuerpos de seguridad en caso de graves delitos o amenazas a la seguridad nacional.

Los eurodiputados principales Brando Benifei (S&D, Italia) y Dragos Tudorache (Renew, Rumanía), la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y el comisario Thierry Breton, comparecieron en una conferencia de prensa conjunta después de las negociaciones.

Para Artigas, en sus primeras declaraciones tras el acuerdo:  “es una ley muy buena que impulsará la innovación y de forma compatible con los derechos fundamentales». Sobre todo porque da una “certeza legal y técnica” a los ciudadanos y las empresas que ahorrará previsiblemente muchas acciones legales.

Así, indicó que para ello, la normativa prevé un sistema de sanciones, bien un porcentaje del volumen total de negocios de la compañía infractora el año fiscal previo o incluso una cantidad predeterminada “aún mayor”.

Además, subrayó que “se establece la creación de un ente supervisor independiente, una Oficina de IA ligada a la Comisión Europea y que estará asesorada por un panel científico y la sociedad civil”.

El texto acordado ahora tendrá que ser adoptado formalmente tanto por el Parlamento como por el Consejo para convertirse en ley de la UE. Las comisiones de Mercado Interior y Libertades Civiles del Parlamento votarán sobre el acuerdo en una próxima reunión.

Entrada en vigor en el 2026

Si no ocurren imprevistos, es decir, si ninguna de las partes se echa atrás y tanto los Estados como la Eurocámara ratifican la ley en los próximos meses (los negociadores no creen que el proceso pueda empezar antes de febrero, ya bajo presidencia europea belga), la Ley de IA debería poder entrar totalmente en vigor hacia finales de 2026, aunque algunas partes lo harán antes.

Está previsto que la Oficina de IA empiece a funcionar en cuanto se ratifique el reglamento, mientras que la prohibición de los sistemas prohibidos de inteligencia artificial llegará a los seis meses y los requisitos para los sistemas y modelos de IA generativa, a los 12.

Tras el acuerdo, el coponente Brando Benifei (S&D, Italia) comentó que “fue largo e intenso, pero el esfuerzo valió la pena. Gracias a la resiliencia del Parlamento Europeo, la primera legislación horizontal del mundo sobre inteligencia artificial cumplirá la promesa europea: garantizar que los derechos y libertades estén en el centro del desarrollo de esta tecnología innovadora.

La implementación correcta será clave: el Parlamento seguirá vigilando de cerca para garantizar el apoyo a nuevas ideas de negocios con sandboxes y reglas efectivas para los modelos más poderosos”.

Por su parte, el coponente Dragos Tudorache (Renew, Rumania) indicó que: “la UE es la primera en el mundo en establecer una regulación sólida sobre la IA, guiando su desarrollo y evolución en una dirección centrada en el ser humano”.

A su juicio, “la Ley de IA establece normas para modelos de IA grandes y potentes, garantizando que no presenten riesgos sistémicos para la Unión y ofrece sólidas salvaguardias para nuestros ciudadanos y nuestras democracias contra cualquier abuso de la tecnología por parte de las autoridades públicas”.

Tambien cree que “protege a nuestras pymes, fortalece nuestra capacidad para innovar y liderar en el campo de la IA y protege a los sectores vulnerables de nuestra economía. La Unión Europea ha hecho contribuciones impresionantes al mundo; la Ley de IA es otra que tendrá un impacto significativo en nuestro futuro digital”.

Aplicaciones prohibidas

En este acuerdo, que ha costado tres días de negociaciones intensas, se reconoce la amenaza potencial para los derechos de los ciudadanos y la democracia que plantean determinadas aplicaciones de la IA.

Desde esta perspectiva,  los colegisladores acuerdan prohibir estas aplicaciones especificas:

• Sistemas de categorización biométrica que utilizan características sensibles (por ejemplo, creencias políticas, religiosas, filosóficas, orientación sexual, raza)
• Extracción no dirigida de imágenes faciales de Internet o imágenes de CCTV para crear bases de datos de reconocimiento facial; así como el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en instituciones educativas; puntuación social basada en comportamiento social o características personales.
• Sistemas de IA que manipulan el comportamiento humano para eludir su libre albedrío. La IA solía explotar las vulnerabilidades de las personas (por su edad, discapacidad, situación social o económica).

Los negociadores acordaron una serie de salvaguardias y excepciones estrechas para el uso de sistemas de identificación biométrica (RBI) en espacios de acceso público con fines policiales, sujetos a autorización judicial previa y para listas de delitos estrictamente definidas. La RBI “post-remota” se utilizaría estrictamente en la búsqueda selectiva de una persona condenada o sospechosa de haber cometido un delito grave.

La RBI “en tiempo real” cumpliría con condiciones estrictas y su uso estaría limitado en tiempo y ubicación, para los fines de: búsquedas selectivas de víctimas (secuestro, trata, explotación sexual),prevención de una amenaza terrorista específica y presente, o la localización o identificación de una persona sospechosa de haber cometido uno de los delitos específicos mencionados en el reglamento (por ejemplo, terrorismo, trata, explotación sexual, asesinato, secuestro, violación, robo a mano armada, participación en una organización criminal, delitos medioambientales).

Obligaciones para sistemas de alto riesgo

Para los sistemas de IA clasificados como de alto riesgo (debido a su importante daño potencial a la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, el medio ambiente, la democracia y el Estado de derecho), se acordaron obligaciones claras.

Los eurodiputados lograron incluir una evaluación obligatoria del impacto sobre los derechos fundamentales, entre otros requisitos, aplicable también a los sectores bancario y de seguros.

Los sistemas de inteligencia artificial utilizados para influir en el resultado de las elecciones y el comportamiento de los votantes también se clasifican como de alto riesgo. Los ciudadanos tendrán derecho a presentar quejas sobre los sistemas de IA y recibir explicaciones sobre las decisiones basadas en sistemas de IA de alto riesgo que afecten a sus derechos.

Para tener en cuenta la amplia gama de tareas que los sistemas de IA pueden realizar y la rápida expansión de sus capacidades, se acordó que los sistemas de IA de propósito general (GPAI), y los modelos GPAI en los que se basan, tendrán que cumplir con requisitos de transparencia, como propuesto inicialmente por el Parlamento. Estos incluyen la elaboración de documentación técnica, el cumplimiento de la ley de derechos de autor de la UE y la difusión de resúmenes detallados sobre el contenido utilizado para la formación.

Para los modelos GPAI de alto impacto con riesgo sistémico, los negociadores del Parlamento lograron asegurar obligaciones más estrictas. Si estos modelos cumplen ciertos criterios, tendrán que realizar evaluaciones de modelos, evaluar y mitigar riesgos sistémicos, realizar pruebas contradictorias, informar a la Comisión sobre incidentes graves, garantizar la ciberseguridad e informar sobre su eficiencia energética.

Los eurodiputados también insistieron en que, hasta que se publiquen normas armonizadas de la UE, las GPAI con riesgo sistémico pueden depender de códigos de práctica para cumplir con la regulación.

Medidas de apoyo a la innovación y a las pymes

Los eurodiputados querían garantizar que las empresas, especialmente las pymes, puedan desarrollar soluciones de inteligencia artificial sin presiones indebidas por parte de los gigantes de la industria que controlan la cadena de valor.

Con este fin, el acuerdo promueve los llamados entornos de pruebas regulatorios y pruebas en el mundo real, establecidos por las autoridades nacionales para desarrollar y entrenar IA innovadora antes de su comercialización.

Hay que recordar que España ha sido el primer país del mundo en crear ese entorno regulatorio o sandbox, como explicaba Economist & Juriste recientemente. También nuestro país ha creado el primer regulador de IA, AESIA que se pondrá en marcha en breve.

Como comentaron los eurodiputados en la rueda de prensa posterior al acuerdo, el incumplimiento de las normas puede dar lugar a multas que van desde 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios global hasta 7,5 millones o el 1,5% del volumen de negocios, dependiendo de la infracción y el tamaño de la empresa.

Gutiérrez Salegui: «El Estado debe realizar un seguimiento de evaluación y control de los internos con problemas psiquiátricos cuando la red familiar falla» Noelia de Mingo ha sido condenada a 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico

 Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense y Perito del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (Imagen: Ana Isabel Gutiérrez Salegui)

María González Villasevil - Redacción editorial E&J

Ayer se conocía que Noelia De Mingo, quién cometió un triple asesinato en 2003 -por el que ya fue juzgada en 2017- y dos intentos de asesinato en 2021 en El Molar (Madrid), ha sido condenada a 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico por los últimos hechos mencionados.

La Fiscalía y las acusaciones han llegado a este acuerdo con la defensa de la acusada al asumir dos delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de atentado contra la autoridad, por atacar a los agentes que la detuvieron en El Molar.

La sentencia ya es firme porque todos los involucrados en el proceso litigioso acordaron no presentar recurso. El fallo también condena a la acusada a pagar 110.000 euros a la víctima que resultó herida de mayor gravedad y 50.000 a la que sufrió heridas más leves. La resolución también prohíbe a la acusada volver a El Molar y acercarse a sus víctimas en los próximos cinco años.

Noelia de Mingo era médica interna residente del Hospital Fundación Jiménez Díaz hasta que el día 3 de abril de 2003 sufrió un brote psicótico y asesinó a cuchilladas a tres personas e hirió a otras seis. La mujer fue absuelta de los cargos de homicidio e intento de homicidio al quedar probado que sufría esquizofrenia paranoide crónica, que le provocaban alucinaciones y que, el día que cometió el triple asesinato le hicieron creer que sus compañeros querían matarla. Por ello, fue condenada a 25 años de internamiento en un psiquiátrico.

Sin embargo, en el año 2017, los informes favorables emitidos por el centro psiquiátrico  en el que estaba internada calificaron a De Mingo como una persona no peligrosa porque su trastorno psicótico ya estaba bajo control. De esta manera, Noelia de Mingo quedó en libertad bajo el cuidado de su madre, una mujer octogenaria.

Junto con su madre, la mujer vivía en una casa de El Molar (Madrid), localidad en la que durante cinco años realizó vida normal sin ningún incidente, hasta que el 20 de septiembre de 2021 volvió a sufrir un brote psicótico. Ese día, cuchillo en mano, de Mingo salió de su casa y entró en un supermercado próximo a su domicilio donde agredió con el utensilio a la cajera, a quien dejó malherida, y a la dueña del establecimiento, quien logró huir del lugar.

Ante este segundo brote psicótico que sufrió la acusada, y por el que ahora ha sido juzgada, surge la pregunta de si el mismo se podría haber evitado si nunca se le hubiese puesto en libertad. Economist & Jurist ha hablado con Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense y Perito del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, quien cree que en este caso no se le puede atribuir responsabilidad a la Junta de evaluación psiquiátrica-forense ya que el trastorno que padece Noelia de Mingo tiene tratamiento, por lo que acorde que se le pusiera en libertad si el tratamiento realmente estabilizó la enfermedad.

“Realmente, cuando una persona lleva muchos años estabilizada se prevé que manteniendo el mismo tratamiento va a seguir estabilizada. La esquizofrenia, y en este caso tipo paranoide, se trata de un diagnóstico que se estabiliza y a la que hay que ir ajustando la medicación, por lo que debe tener un control bastante estricto y seguido en el que se supervise que se esté tomando la medicación”, pues cabe recordar que una de las causas de recaída en esquizofrenia es el abandono terapéutico, dejar la medicación.

“A lo mejor ella estaba perfectamente desde el punto de vista de la enfermedad cuando salió pero el problema está en que no se ha hecho un seguimiento lo suficientemente estricto por parte de los servicios sociales o de la sanidad de la Seguridad Social, o que las personas que tenían que estar atentas a los primeros síntomas de la enfermedad, es decir, la red familiar, no lo estuvieron”.

La psicóloga forense recuerda que en este caso, Noelia de Mingo quedó bajo la tutela de su madre, “una señora de edad muy avanzada que puede tener poco control sobre una persona con estas características”, apunta Gutiérrez, quien desde su experiencia señala que “muchas veces las familias plantean una red de apoyo para los familiares vulnerables pero en el día a día y a largo plazo, esa red de apoyo se va difuminando y al final queda un núcleo, un núcleo que no puede hacerse cargo. Cuando Noelia de Mingo cometió el ataque en El Molar, lo hizo aprovechando que ese día su madre acudió al médico con otro familiar, y a lo mejor ese familiar también formaba parte de esa red pero justo ese día estaba llevando a esta persona al médico”.

La experta señala que estas cuestiones podrían mejorar incorporando determinados recursos relacionados con los servicios sociales para hacer el seguimiento; también determinados recursos para incrementar el número de revisiones psiquiátricas a las que tienen que acudir los pacientes y así sería más fácil observar síntomas preocupantes. Creo que hay muchas cosas mejorables en este sistema”.

En este sentido, la interlocutora apunta que “en aquellos casos en los que no haya una red familiar eficaz, es cuando deberían entrar los servicios sociales a hacer un seguimiento de evaluación y control”.

Asimismo, esta psicóloga forense recuerda que la esquizofrenia no es un peligro porque existe tratamiento. “El peligro está en que no se lleve a cabo ese tratamiento, no poder garantizar un estricto cumplimiento terapéutico y una supervisión”.

Respecto a si la pena se ajusta a una persona que padece una enfermedad de este tipo, la psicóloga forense afirma que en este sentido hay que atender a dos aspectos: el primero el tiempo que puede tardar en estabilizarse la enfermedad de la persona -que en algunos casos basta con unos meses-, y el segundo, los delitos que haya cometido. “La pena planteada es una cuestión jurídica, para nada es psicológica o psiquiátrica. Si los jueces creen que la pena se ajusta a los delitos cometidos, es correcta”.

Pues, según el artículo 20, apartado 1, del Código Penal, se consideran que están exentos de responsabilidad criminal «el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión».