lunes, 22 de abril de 2024

Final de ciclo: riesgos sobre la plurinacionalidad


 

Por:  JORGE RICHTER RAMÍREZ


¿Está el Proceso de Cambio en agonía? Posiblemente ese cuestionamiento, de compleja respuesta, sea uno de los factores estructurales para comprender en la dimensión correcta los niveles de energía del hecho histórico más importante del tiempo democrático. Juan José Sebrelli, filósofo argentino, observa con acierto y define con sencillez lo que aprecia, “la realidad humana es transformación permanente, pero no hay cambios sin algo que permanezca, ni discontinuidad sin continuidad, ni presente que no esté condicionado -aunque no determinado- por un pasado que limita sus posibilidades. Cada periodo histórico es singular e irreversible, el pasado no se repite nunca en el presente, aunque en toda acción o idea nueva es inevitable partir de lo anterior que se quiere cambiar”. La realidad sociopolítica es una construcción humana y su transformación se produce dentro de, a momentos, ininteligibles procesos sociológicos que tienen una extensión temporal, que, en el caso de nuestro país, suelen girar alrededor de los 18 años. 

El agotamiento del orden oligárquico que antecedió a la Revolución Nacional, una sociedad marginal y periférica con relación a la economía nacional y una representación política signada por castas sociales que convirtieron el Estado en su espacio de natural dominio, fueron, en gran medida, los factores que condujeron a cuestionar y enfrentar posteriormente a la oligarquía dominante. El pueblo triunfante inició el proceso revolucionario que se extendió por 12 años, que removió positivamente las sedimentadas estructuras del conservadurismo excluyente y que empezó a agotarse cuando, como describe Huáscar Cajías, inició la demencial “anulación del sistema jurídico y especialmente de las garantías constitucionales”: «Todo esto se justificaba y practicaba en nombre de la patria, de la justicia social, del progreso económico». A ello se adicionó la obsesiva fijación de Paz Estenssoro por reformar la CPE, algo que hizo en 1961 para permitirse una nueva reelección, dejando de lado el compromiso de alternancia suscrito tácitamente entre los líderes de la Revolución.

Siguieron al hecho histórico 18 años de militarismo no democrático: 1964-1982, con breves y esforzados intentos por reencauzar el país por los márgenes constitucionales para que, en 1982, finalmente, el horizonte de convivencias democráticas vuelva a escribir su historia. Las debilidades del proceso que se iniciaba abrieron paso a la construcción de las mayorías pactadas. El tiempo de la democracia de coalición, de sumas congresales y consensos construidos sobre el reparto y parcelación del Estado se constituyó en el primer ciclo político de la joven democracia. El Pacto por la Democracia, que fue el pacto Paz Estenssoro/Hugo Banzer dio inicio a una construcción de alianzas políticas que modelaron sobre el final de su vigencia un Estado de marginalidades, abusos, no representaciones políticas correctas y aprovechamientos económicos, sociales y políticos inaceptables. Construyó un Estado y una sociedad injusta que implosionó en octubre de 2003. Tras 18 años, el ciclo político de la vieja partidocracia o de la democracia pactada se desmoronó. 

2006: Bolivia inicia un nuevo ciclo político en esa constante sustitución circular de élites y construcción de sentidos comunes, pero siempre bajo un perfil de hegemonía dominante. El Proceso de Cambio reemplaza a la Democracia Pactada, iniciando el proceso de construcción del Estado Plurinacional y el tiempo histórico más importante de inclusiones sociales y representaciones políticas correctas. Pero hoy, ese proceso del bloque social y popular está resquebrajado, agrietado, hendido y con elementos conductuales y formas políticas que ya lo determinan, -y esta vez vale el casi- casi inexorablemente. Entonces la respuesta a la pregunta inicial es sí, el Proceso de Cambio agoniza. 

La esquizofrenia reeleccionista y de poder. En 2019, de forma inesperada, sucede un hecho que se entendió como el fin de un ciclo, del ciclo masista como se decía con pronunciación peyorativa en aquel momento. Con entusiasmo indisimulado, se repetía incansablemente en los espacios más conservadores y radicales del país “el MAS nunca MAS”. Y el MAS volvió, con sus capacidades de movilización territorial refortalecidas y su conexión con la corporatividad social y popular en estado pleno. Sin embargo, lo que pudo ser un proceso de revitalización y oxigenación se convirtió en un retomar el vicio más antiguo: burocratización de dirigencias matrices, instrumentalización del poder, pensamiento de hegemonía dominante, desconsideración por la institucionalidad y las formas recomendadas de la buena cohabitación democrática. El país había cambiado con el remezón del golpe de Estado, pero el MAS, en sus estamentos cupulares, leyó el apoyo obtenido en el proceso electoral como un “vale todo”, un forzado entender que los ciudadanos pueden aceptar lo que venga si la prensa les entrega titulares de optimismo. A ello, la esquizofrenia reeleccionista incluso a costo de pulverizar el proceso histórico y entregar el Estado Plurinacional a la posibilidad de un regresionismo involutivo que nos retraiga a las injusticias sociales y políticas de los años ´90. Inaceptable. 

Con una interna de daños irreparables y con el olvido de la razón, esa que posibilite recuperar la sensatez, se avanza a fragmentar la homogeneización de la corporatividad social y popular que hizo invencible en tiempos electorales al proyecto social popular. Siendo esta una realidad, se suman a ello, otros factores que exponen el final de ciclo. Las formas de hacer política en el movimiento popular exteriorizan hoy conductas de odio, de posibilidades evidentes de la intención de destruir al otro, así sea este de la misma familia política; muestran que la repetida unidad es solo una palabra de ocasión, no un fin irrenunciable. Unidad es la palabra dicha, destrucción del otro es la acción cotidiana. La unidad de convicción en el proyecto político de horizontes posibles, de sueños y utopías ya prácticamente no es factible. Solo queda una unidad, pobre, disminuida, recortada, una unidad de circunstancia para el momento electoral. Esa unidad es sinónimo de crisis política, ingobernabilidad y caída económica. En los tiempos que hoy condicionan al Proceso de Cambio, es el preludio del final. Algo así como el tiempo que tomó al militarismo no democrático el perder definitivamente el poder. Algo así también como el tiempo transcurrido entre octubre de 2003 y enero de 2006. El tiempo último de la crisis. 

La candidatura única no salva tampoco el final de ciclo, pues son las prácticas políticas del rutinario vivir, que no son tolerantes, incluyentes y día lógicas lo que han deteriorado la paciencia social. La ortodoxia sobre el trato conferido a los actores políticos y también al modelo económico excluye la posibilidad de construcción de unanimidades imprescindibles. En un escenario de futuras y previsibles debilidades legislativas, la ausencia de adhesiones despedaza las legitimidades obtenidas en lo electoral. El resultado en consecuencia es la permanencia de un escenario de crisis. 

Sin la unidad que construya un proyecto utópico de horizontes de expectativas, sin que la codiciada candidatura única revolucione y aleje las formas desagradables de hacer política, irritantes para la sociedad toda, y que revelan una manera ya distintiva de concebir la política y porque lo discursivo carece de visión de país, proyecto de Estado y sociedad hasta reducirse a meras construcciones de relatos sin fondo; sin todo ello, el final de ciclo ya resuena en el país.


martes, 9 de abril de 2024

Retirado el carnet de conducir a un epiléptico a pesar de que la última crisis que sufrió fue hace cinco años El individuo no ha acreditado reunir las necesarias condiciones para la conducción

 



Por: Sara Zarzoso


La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha decidido retirar el permiso de conducir a un hombre diagnosticado con epilepsia, a pesar de no haber sufrido ninguna crisis convulsiva en los últimos cinco años. Esta medida contradice lo establecido por la Ley, que permite a las personas con esta enfermedad volver a conducir después de transcurridos los primeros doce meses desde el último ataque.

Tal decisión la ha tomado después de revocar la sentencia de instancia, elaborada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia, la cual daba la razón al individuo en contra del parecer de la Jefatura de Tráfico. Por ello —y frente a dicho desenlace— la Jefatura interpuso un recurso de apelación, ahora estimado por el Tribunal Superior de Justicia.
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal ha aludido a lo recogido en los apartados 1 y 5 del artículo 36 del Reglamento General de Conductores, los cuales establecen, por un lado, la potestad de la Jefatura Provincial de Tráfico para iniciar procedimientos de declaración de pérdida de vigencia del carnet de conducir cuando se tenga conocimiento de «la presunta desaparición de alguno de los requisitos que, sobre conocimientos, habilidades, aptitudes o comportamientos esenciales para la seguridad de la circulación o aptitudes psicofísicas, se exigían para el otorgamiento de la autorización, previos los informes, asesoramientos o pruebas que, en su caso y en atención a las circunstancias concurrentes, estime oportunos».
Por otro lado, que en caso de obtener resultados favorables en las pruebas de control de conocimientos y aptitudes, el Jefe Provincial de Tráfico dejará sin efecto el procedimiento de pérdida de vigencia y levantará cualquier suspensión cautelar, devolviendo la autorización intervenida de manera inmediata. Sin embargo, si en la tercera ocasión las pruebas arrojan resultados desfavorables o se comprueba que un defecto psicofísico es irreversible, o si el titular no se somete a las pruebas en los plazos indicados, la Jefatura Provincial de Tráfico podrá dictar una resolución motivada declarando la pérdida de vigencia de la autorización administrativa correspondiente.

El deber de acreditar una óptima capacidad de conducción

El caso en cuestión se originó el 30 de octubre de 2012, después de que el enfermo sufriera un ataque epiléptico al volante. Tras este acontecimiento, la Jefatura Provincial de Tráfico acordó la suspensión de su permiso de conducir. Una decisión que fue ratificada tres años más tarde por la Dirección Territorial de Sanidad de Valencia, entidad que en 2015 emitió un informe declarando que «el actor no era apto para conducir». Posteriormente, en 2018, caducó su permiso de conducir bajo el marco de una carencia de aptitudes psicofísicas indispensables.

En contra de esta resolución, el individuo interpuso una demanda, alegando que lleva más de cinco años sin sufrir ningún tipo de crisis epilépticas y que en ningún momento fue notificado ni avisado ni por la Dirección Territorial de Sanidad de Valencia, ni por la Jefatura Provincial de Tráfico, de los informes y de las decisiones previas. Unos argumentos que el tribunal de instancia consideró suficientes para darle la razón.

Pese a ello, recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declinado devolver al hombre su carnet de conducir, aduciendo que «en el presente caso, los informes obrantes en el expediente administrativo son desfavorables, y no conta que el actor se sometiera a las pruebas ante los servicios sanitarios competentes».

Además, ha recordado que, si bien es cierto que la Orden PRE/2356/2010, de 3 de septiembre, modifica el Anexo IV del Reglamento General de Conductores —y la sentencia concluye que a fecha del dictado de la resolución no constaban crisis en los últimos 5 años inmediatamente anteriores— «la documentación aportada resulta insuficiente a los fines pretendidos, lo que determina que el recurso deba ser estimado. Todo ello sin perjuicio, claro está, de considerar que si el actor acredita reunir las necesarias condiciones para la conducción pueda solicitar y obtener un nuevo permiso».

miércoles, 27 de marzo de 2024

El juez Pedraz reconoce su error 72 horas después de querer cerrar Telegram y lo frena: “Sería excesivo y no proporcional” Tras analizar el informe recibido por la policía se decanta por suspender la orden de bloqueo inmediato dada el pasado viernes

Telegram se mantendrá abierto porque el juez Pedraz ha cambiado de opinión en un tercer auto dado a conocer este lunes. (Imagen: E&J)

  Por: Luisja Sánchez


El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, revocaba definitivamente su decisión tomada el viernes con un auto suscrito por el propio juez en la sobremesa este lunes, de cerrar la red social Telegram.

Al final no habrá apagón de la aplicación Telegram en España por ser una decisión “excesiva y no proporcionada”, según sus palabras contenidas en la resolución que ha dictado este mismo lunes.

En este periodo de tiempo, la protesta ha sido casi unánime en nuestro país, donde las redes sociales hervían de indignación ante esta medida. Algunos de los expertos consultados por Economist & Jurist señalaban la falta de motivación del auto de Pedraz en cuanto a la toma de decisión de dicha medida.

Para José Leandro Núñez, socio de Audens y miembro de la Junta Directiva de ENATIC, “es posible que la presión social le haya hecho recapacitar a Pedraz sobre la medida que quería implementar, desproporcionada totalmente. Una red como Telegram que nació en la Rusia de Putin puede funcionar en cualquier país fuera de las injerencias de cualquier Estado. Pese a ello, esta plataforma con las nuevas directivas aprobadas, como la DSA tal y como dice el auto final, tendrán que ver la forma de responder a los requerimientos que les hagan en el futuro”.

Desde su punto de vista, cree que es posible que el magistrado se precipitara un poco al emitir ese primer auto, que este jurista públicamente indicó que no estaba bien fundado y era desproporcionado. “Se ha equivocado y ha hecho bien en rectificar. No se puede cerrar el servicio a ocho millones de usuarios porque haya algunas actividades ilícitas. Sabemos que se ha presentado una querella al mismo tiempo, veremos si tiene recorrido porque el juez ha reconocido su error en el último auto”.

A juicio de este jurista “es cierto que Telegram no colabora pero al mismo tiempo hay miles de usuarios que la utilizan sin hacer nada ilegal. Junto con el intercambio de enlaces hay otra piratería existente y es la subida de archivos a la nube de dos gigas, películas o series televisivas que se pueden visualizar. El procedimiento administrativo de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual está pensado para cerrar webs pero no para plataformas con tanta complejidad como Telegram”.

José Leandro Núñez reconoce que es bueno que el juez haya rectificado ante una cautelar tan desproporcionada. (Imagen: Audens)


Por su parte Borja Adsuara, abogado y experto en derecho digital, cree que “en estos tres días  ha quedado patente que Pedraz no conocía lo que era Telegram, de hecho en el segundo auto donde pide el informe a la policía revela que no sabía realmente con qué estaba tratando. Muchos dijimos ya el viernes que era una medida desproporcionada ese primer auto y que afectaba a la libertad de expresión e información de ocho millones de usuarios. Es posible que alguien de la Audiencia Nacional le haya hecho cambiar de opinión al final”.

A su juicio “la rectificación se ha hecho a tiempo y además hay otra cuestión a considerar sobre la que se ha debatido, y es qué ocurre con las empresas que no están en Europa y prestan servicios digitales. En el auto final señala que al estar en vigor los reglamentos comunitarios como la DSA y con el futuro Reglamento de IA es obligatorio tener ese punto de contacto en Europa, con lo cual veremos qué hará la Comisión Europea ante estas empresas que no tengan dicho contacto frente a autoridades administrativas y judiciales”.

Este experto señala que “ahora sabemos que Telegram no está en la Unión Europea, sino en Dubái y en las Islas Vírgenes, y que hay empresas que quieren prestar servicios digitales a los ciudadanos europeos, haciéndolo desde otros países sin cumplir esa legislación europea y no hacen caso a las autoridades europeas. En este nuevo escenario la Junta Europea de Servicios Digitales tendrá que decidir qué se hace con las empresas que no acatan esa legislación europea y no establecen ese punto de contacto y no colaboran con las autoridades europeas”.

En su opinión «lo bueno es que se ha reconducido esta situación y el propio juez reconoce que ha tenido en cuenta las reacciones que ha visto en medios y en redes sociales desde el pasado viernes contrarias al cierre de esta plataforma de comunicación. El caso ha salido a la luz pública por no haber contestado Telegram a los requerimientos de la Audiencia Nacional».

Pedraz recula y suspende el cierre

El juez recibía este mismo lunes, a las pocas horas de pedirlo, el informe solicitado a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional sobre la incidencia de la medida, que afecta a más de ocho millones de usuarios solo en este país, y tras comprobar este dato, anula el auto de este viernes por el que ordenaba el cierre de la aplicación de mensajería.

Existe “un hecho notorio que no puede ignorar este magistrado, y que es la posible afectación de múltiples usuarios”, dice el juez en su escrito.

La plataforma es empleada para actividades delictivas, recalca el juez pero “son más que múltiples usuarios de todo tipo” quienes han optado por emplear Telegram al brindarles unos “beneficios” que no ofertan otras plataformas, bajo una “amparada privacidad” que les lleva incluso a ceder derechos fundamentales, como datos personales.

El informe de la Comisaría General de Información solicitado este lunes incide en el “impacto económico” que tendría la suspensión cautelar para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma, a la que consideran un canal fiable y seguro frente a intervenciones indeseadas.

El juez afirma que no se trata de libertad de expresión o información, sino si la medida es proporcional y ha constatado que el cierre sería “excesivo y no proporcional”. En su auto, el juez Pedraz emplaza “al legislador” a transponer y ejecutar la legislación europea en la materia para evitar en lo sucesivo excesos como los de Telegram.

El juez sostiene que “se podrá plantear” que la plataforma quede “impune” o que esté “echando un pulso a un Estado de Derecho”, pero en manos del Estado está la transposición de la normativa comunitaria para crear un espacio digital “más seguro” en el que se “protejan” los derechos fundamentales de todos los usuarios y establecer unas condiciones de competencia “equitativas” para fomentar la “innovación, el crecimiento y la competitividad”.

Para el juez, Telegram, como el resto de grandes plataformas “que sí responden” a los requerimientos judiciales, tendrían que contestar “obligatoriamente” cuando son requeridos por las autoridades judiciales, cuando les es requerida una información precisa.

Querella contra el magistrado

Las reacciones ante este posible cierre han sido notables. En el caso del movimiento ciudadano Iustitia Europa, que se presentará a las próximas elecciones europeas del 9 de junio con su portavoz el abogado Luis María Pardo, que interpusiera una querella contra el juez Pedraz por presunto de prevaricación, “lo que ha hecho el juez hoy es sorprendente: se ha enmendado la plana a sí mismo. Tanto los artículos 214 y 267 de la LOPJ señalan que los jueces no pueden cambiar sus resoluciones una vez firmadas. Este cambio ha propiciado una ampliación de la querella este lunes”.

Luis María Pardo cree que la querella de Iustitia Europa ante el Supremo pretende aclarar la actuación de Pedraz que ahora se ha rectificado asimismo. (Imagen: Iustitia Europa)








domingo, 17 de marzo de 2024

Maite Pozo, penalista: “La prueba caligráfica en los delitos falsedad documental en la compraventa de vehículos es fundamental” La abogada aborda en ‘E&J’ las diversas estrategias que puede llevar a cabo la defensa en un acto delictivo muy común


 Por: María González Villasevil

Los delitos de falsedad documental relacionados con la compraventa de vehículos, así como la usurpación de la identidad en vehículos traídos del extranjero con el fin de evitar los grandes impuestos de matriculación, se dan más de lo que parece en España. Por ello, los abogados que se encuentran en la situación de defender a los clientes que han sido imputados por cometer este tipo de actos delictivos deben contar una buena estrategia para ganar el pleito.

La abogada Maite Pozo Ortega, directora ejecutiva del despacho Maite Pozo Abogada, ha abordado en un webinar de Economist & Jurist, qué se entiende por este tipo de delitos y los actos delictivos y penados que están relacionados con la práctica de los delitos de falsedad documental en el sector automovilístico.

La experta en derecho penal y procesal penal, gracias a su dilatada experiencia en procesos por delitos de este tipo, también ha abordado desde una perspectiva práctica las diferentes posibles estrategias de defensa que se le han planteado en este tipo de causas, ofreciendo, de esta manera, una serie de tips a los letrados.

La prueba caligráfica es fundamental

En el webinar, el cual ya está disponible en la hemeroteca de Economist & Jurist, ha explicado que el delito de falsedad documental se produce cuando se simula, altera, modifica o falsifica algún dato elemental de los documentos.

Sin embargo, la ponente indica que la definición de “documento” en el artículo 26 del Código Penal ha quedado “obsoleta”, por lo que los juzgados y tribunales han tenido que ir definiendo más ampliamente este concepto a través de sentencias, fijando jurisprudencia al respecto.

Respecto a los delitos relacionados con la falsedad documental en la compraventa de vehículos, Pozo ha abordado el delito de usurpación, el cual se da cuando suplantan se la identidad de un tercero para poner un vehículo que no le corresponde a su nombre por medio de un contrato en el que se falsifica su firma: “Las víctimas no se suelen enterar de que les han usurpado la identidad hasta que les llega una multa o sanción de tráfico”.

Por ello, la penalista ha destacado la importancia de la prueba caligráfica para exculpar a los acusados cuando no han sido ellos realmente quienes han cometido el delito: “es fundamental que la defensa cuente siempre con un buen perito caligráfico”.

La letrada Maite Pozo también ha explicado que en los supuestos en los que ha habido muchos implicados es muy difícil determinar quién ha sido realmente la persona que cometido materialmente el delito, por ello esta experta aconseja a los abogados de los acusados “que sean los últimos en mover ficha, ya que esto les permitirá marcar la línea de defensa y poner en práctica las mejores posibilidades para sus clientes”.

Asimismo, Pozo recomienda a quienes se ven envueltos en estos delitos sin ser ellos realmente quienes los han cometido “que se acojan al derecho de no declarar, y que respondan solo a las preguntas exculpatorias que les formulan sus abogados, y por supuesto, que confíen en la prueba caligráfica”.

viernes, 1 de marzo de 2024

Los mensajes de WhatsApp son prueba válida para exigir responsabilidades al demandado Así se desprende de una reciente sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers (Barcelona)

 


El caso lo ha llevado el letrado Mario Rodríguez López, responsable del área Civil de Legalion Abogados, quien destaca "la importancia de conservar los mensajes de WhatsApp, como prueba fundamental".

Por: Rosalina Moreno


El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Granollers (Barcelona) ha estimado que los mensajes de WhatsApp son una prueba válida para exigir responsabilidades al demandado, y ha condenado a un deudor a pagar 5.000 euros de un préstamo verbal que le hizo un amigo, del que no había contrato por escrito. Cantidad a la que se sumarán los intereses procesales desde el dictado de la sentencia.

«¿Cuál fue el problema en este caso? Que el préstamo se hizo en un ambiente de confianza entre personas que se llevaban bien y no se firmó absolutamente nada, por lo que no había ningún soporte documental. Se hizo la transferencia de dinero y luego esa persona no quería devolverlo», relata a Economist & Jurist el letrado que llevado el caso, Mario Rodríguez López, responsable del área Civil de Legalion Abogados.

El demandante se encontró con que no tenía nada que demostrase que efectivamente hubo un préstamo, a diferencia de una donación o de un regalo. Entonces decidió acudir a la Justicia y asistido por este abogado presentó una demanda, a la que aportaron los justificantes bancarios de los traspasos realizados a través de transferencias bancarias y bizums, así como las conversaciones mantenidas a través de WhatsApps.

«Precisamente, por medio de las conversaciones de WhatsApp a las que, quizás, el deudor no estaba dando mucha importancia, vino a reconocer que efectivamente adeuda esa cantidad, cuando podría haberlo negado. También manifestó la voluntad de devolver las cantidades recibidas, pero no devolvió el importe total entregado ni atendió a los requerimientos extrajudiciales efectuados. Y este WhatsApp ha adquirido, prácticamente, el carácter de un contrato, de un reconocimiento de deuda«, relata el letrado.

También apunta la particularidad de que no han tenido que cotejar el terminal móvil para demostrar que esa conversación correspondía a la mantenida entre demandante y demandado, y ha sido suficiente con los pantallazos de la misma.

«Ahora bien, hemos tenido la cautela de demostrar que ese número de contacto está relacionado con un nombre», agrega María Rodríguez, destacando la importancia, de cara a la prueba de relacionar que dicho número de teléfono corresponde al demandado, «para que no haya ninguna duda de que esa conversación se está manteniendo con él y así no sea necesario cotejar el terminal móvil».

El demandado no contestó a la demanda, fue declarado rebeldía procesal, y la juez María Peiró Sendra considera que toda esta prueba era más que suficiente para demostrar la realidad del préstamo, y lo ha condenado a pagarlo en una sentencia dictada el pasado 8 de febrero (55/2024), que impone también las costas al demandado.

«Por medio de estas comunicaciones lo que demostramos fue el ánimo de devolución de ese dinero, que le da el carácter de préstamo, en lugar de un regalo o de una donación», señala con satisfacción el abogado, aunque todavía la sentencia no es firme, ya que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Mario Rodríguez destaca «la importancia de conservar los mensajes de WhatsApp, como prueba fundamental, ya que pueden darte el éxito en el procedimiento judicial». «Son una prueba válida para demostrar cualquier contrato o para exigir responsabilidad al demandado en cualquier situación», insiste.

La argumentación de la juez

La juzgadora expone en la resolución que de la documentación aportada por el demandante «queda constancia tanto de la cantidad total reclamada, al acompañar los justificantes bancarios de los traspasos realizados por vía bizum y transferencia bancaria» al demandado, «como de la realidad de la deuda, ante su reconocimiento» por parte del deudor en las conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, y señala que sobre extremos el demandado no ha probado el pago de las cantidades reclamadas o no deber las mismas, al encontrarse en situación de rebeldía procesal.

En cuanto al valor probatorio de los documentos aportados, señala el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone que: “1. Los documentos privados harán prueba plena en el proceso, en los términos del artículo 319, cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen”.

Y en relación a ello -prosigue Peiró-, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 25 de septiembre de 2015 Sección 13a (recurso número 154/2015) refiere que “con carácter general, y en relación a la prueba documental privada, es oportuno efectuar las siguientes consideraciones: A) A tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del precepto transcrito, la L.E.C. establece la carga procesal de reconocer o negar la autenticidad del documento privado; es decir, basta con la no impugnación o la actitud pasiva de la parte a quien haya de perjudicar, en cuyo caso tienen pleno valor probatorio, de manera que tienen la misma fuerza probatoria que los documentos públicos (remisión al 319 LEC): harán prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y de más personas que, en su caso, intervengan en ella, en cualquier caso es preciso tener en cuenta las limitaciones a esta afirmación, sobre todo respecto a terceros que se derivan de los mencionados preceptos del Código Civil”.

«Por tanto, si bien es cierto que se cuenta únicamente con los documentos confeccionados por la parte actora, señalar que la parte demandada no ha impugnado el valor de los mismos ni ha aportando, como ya hemos indicado, documento alguno o elemento probatorio que permita acreditar que ha pagado las cantidades que se le reclaman o que no las debe por cualquier circunstancia y ello, pese a incumbirle la carga de la prueba con arreglo al artículo 217 de la LEC», razona la juez.

Y habiendo quedado acreditada la realidad de la deuda y que el demandado no habría reintegrado la cantidad prestada, estima íntegramente la demanda y, en consecuencia, condena a abonar el dinero prestado.

lunes, 26 de febrero de 2024

La culpa es del poder

 



Por:  JORGE RICHTER RAMÍREZ


El pensamiento de la escuela estoica, hoy releído en un cúmulo de nuevas lecturas e interpretaciones rescatadas de lo mejor de su razonamiento conclusivo, afirma que, “si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará”. La revalorización de los paradigmas e ideales del estoicismo pueden encontrarse en el escenario construido por un mundo desbordado e incontrolado, donde el egoísmo y la ambición múltiple destruyen toda posibilidad de convivencia social tolerante y civilidad democrática. Se escribe y se dice sobre el estoicismo que “una de las razones de su popularidad en el tiempo actual es su enfoque en el desarrollo de la resiliencia y la fortaleza mental, además de que nos anima a cultivar la virtud en todas nuestras acciones”.  El estoicismo fue, en los hechos, uno de tantos retornos a la tradición clásica de la filosofía en la búsqueda de construir un pensamiento y una concepción más humana de la vida y de las relaciones sociales, pero también de la convivencia en sociedad y de las instituciones de la organización estatal. 

Un tiempo antes, la escuela cínica, esa que estuvo representada por Antístenes, Diógenes y su miembro más destacado Crates, mostraron en su pensamiento una molestia por todo convencionalismo e indiferencia valorativa por la propiedad, el matrimonio, el gobierno, las leyes, la buena reputación y todas aquellas convenciones de la vida civilizada, por supuesto que por las instituciones también. Bastaba únicamente, para ellos, la sabiduría, esa que les confería la posibilidad de bastarse a sí mismos, lo cual desde el punto de vista moral era ya suficiente. Frente a esta autarquía, Panecio de Rodas reexpuso el estoicismo convirtiéndolo en una filosofía del humanitarismo, allí el ideal de servicio público, humanidad, amabilidad y simpatía. La razón es ley para todos los hombres y todos los hombres son iguales, aún a pesar de sus condiciones y situaciones en el grupo social. El igual valor de hombres y mujeres, el respeto por los derechos de las esposas e hijos. La tolerancia y la caridad hacia nuestros semejantes. La humanidad en todos los casos. Los derechos extensivos para todos y se debe asegurar la dignidad humana, es la justicia la que debe refrendar que esa dignidad llegue a todos. 

Transitamos un tiempo en el que no se logran gestionar con suficiencia las ambiciones políticas y de poder. Además, la historia universal exhibe sobrados ejemplos de personas que fueron deteriorándose espiritualmente por culpa del poder, conductas despedazadas por la ambición de acumularlo sin refreno, personas deshumanizadas, hombres de enorme valía y grandeza reducidos por el obcecado desenfreno del poder.  Napoleón, durante su irrefrenable intención de expansionismo imperial afirmó victorioso: “la bala que ha de matarme aún no ha sido fundida”. Aquella vanagloria parecía confirmarse en cada paso que daba el monarca para agigantar su poder. El poder somete, doblega y enferma a líderes y políticos antes que corromperlos. Los domina con una presión impensada e inimaginada. Las tentaciones a las cuales son expuestos parecieran ser incontrolables, y después, finalmente, cuando ya son desconocidos de lo que en algún momento fueron, los corrompe por los cuatro costados. 

Concentrar el poder en una sola persona reduce las instituciones y se constituye en una restricción a las garantías de igualdad y libertad. Se dice, y tienen razón, que el poder y los liderazgos son cargas en exceso pesadas y que conviene repartirlos en varias espaldas. Los políticos que no logran abstraerse de la eternización del poder, de la vigencia perenne, concluyen su vida aislados por la paranoia y la monomanía, presos del planteamiento fijo e invariable, del método único, de la inflexibilidad y del pasado exitoso. Las sociedades mutan y se transforman y los liderazgos insistentes, amarrados al tiempo pasado se convierten en elementos desairados primero y repelidos después.

“Quien solo sabe usar el martillo, en todo ve clavos” dice la expresión popular. Es una reflexión ante la inalterable rigidez. Si no cambias, sino te transformas sales de la sociedad y no ensamblas con el mundo que te rodea. La obstinación y la insistencia no deben comprenderse como una virtud únicamente. Pueden albergar en sí las caracteristicas propias del vicio de la irracionalidad y la terquedad. Ser valiente es algo distinto de ser temerario. La imaginación de quien cree que siempre ganará y que lo obtendrá todo y que el no darse por vencido -vulnerando a su paso cuanto obstáculo encontrase incluyendo lo legal/institucional- es una demostración de carácter solo construye destrucción y quebranto.El pensamiento de la escuela estoica, hoy releído en un cúmulo de nuevas lecturas e interpretaciones rescatadas de lo mejor de su razonamiento conclusivo, afirma que, “si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará”. La revalorización de los paradigmas e ideales del estoicismo pueden encontrarse en el escenario construido por un mundo desbordado e incontrolado, donde el egoísmo y la ambición múltiple destruyen toda posibilidad de convivencia social tolerante y civilidad democrática. Se escribe y se dice sobre el estoicismo que “una de las razones de su popularidad en el tiempo actual es su enfoque en el desarrollo de la resiliencia y la fortaleza mental, además de que nos anima a cultivar la virtud en todas nuestras acciones”.  El estoicismo fue, en los hechos, uno de tantos retornos a la tradición clásica de la filosofía en la búsqueda de construir un pensamiento y una concepción más humana de la vida y de las relaciones sociales, pero también de la convivencia en sociedad y de las instituciones de la organización estatal. 

Un tiempo antes, la escuela cínica, esa que estuvo representada por Antístenes, Diógenes y su miembro más destacado Crates, mostraron en su pensamiento una molestia por todo convencionalismo e indiferencia valorativa por la propiedad, el matrimonio, el gobierno, las leyes, la buena reputación y todas aquellas convenciones de la vida civilizada, por supuesto que por las instituciones también. Bastaba únicamente, para ellos, la sabiduría, esa que les confería la posibilidad de bastarse a sí mismos, lo cual desde el punto de vista moral era ya suficiente. Frente a esta autarquía, Panecio de Rodas reexpuso el estoicismo convirtiéndolo en una filosofía del humanitarismo, allí el ideal de servicio público, humanidad, amabilidad y simpatía. La razón es ley para todos los hombres y todos los hombres son iguales, aún a pesar de sus condiciones y situaciones en el grupo social. El igual valor de hombres y mujeres, el respeto por los derechos de las esposas e hijos. La tolerancia y la caridad hacia nuestros semejantes. La humanidad en todos los casos. Los derechos extensivos para todos y se debe asegurar la dignidad humana, es la justicia la que debe refrendar que esa dignidad llegue a todos. 

Transitamos un tiempo en el que no se logran gestionar con suficiencia las ambiciones políticas y de poder. Además, la historia universal exhibe sobrados ejemplos de personas que fueron deteriorándose espiritualmente por culpa del poder, conductas despedazadas por la ambición de acumularlo sin refreno, personas deshumanizadas, hombres de enorme valía y grandeza reducidos por el obcecado desenfreno del poder.  Napoleón, durante su irrefrenable intención de expansionismo imperial afirmó victorioso: “la bala que ha de matarme aún no ha sido fundida”. Aquella vanagloria parecía confirmarse en cada paso que daba el monarca para agigantar su poder. El poder somete, doblega y enferma a líderes y políticos antes que corromperlos. Los domina con una presión impensada e inimaginada. Las tentaciones a las cuales son expuestos parecieran ser incontrolables, y después, finalmente, cuando ya son desconocidos de lo que en algún momento fueron, los corrompe por los cuatro costados. 

Concentrar el poder en una sola persona reduce las instituciones y se constituye en una restricción a las garantías de igualdad y libertad. Se dice, y tienen razón, que el poder y los liderazgos son cargas en exceso pesadas y que conviene repartirlos en varias espaldas. Los políticos que no logran abstraerse de la eternización del poder, de la vigencia perenne, concluyen su vida aislados por la paranoia y la monomanía, presos del planteamiento fijo e invariable, del método único, de la inflexibilidad y del pasado exitoso. Las sociedades mutan y se transforman y los liderazgos insistentes, amarrados al tiempo pasado se convierten en elementos desairados primero y repelidos después.

“Quien solo sabe usar el martillo, en todo ve clavos” dice la expresión popular. Es una reflexión ante la inalterable rigidez. Si no cambias, sino te transformas sales de la sociedad y no ensamblas con el mundo que te rodea. La obstinación y la insistencia no deben comprenderse como una virtud únicamente. Pueden albergar en sí las caracteristicas propias del vicio de la irracionalidad y la terquedad. Ser valiente es algo distinto de ser temerario. La imaginación de quien cree que siempre ganará y que lo obtendrá todo y que el no darse por vencido -vulnerando a su paso cuanto obstáculo encontrase incluyendo lo legal/institucional- es una demostración de carácter solo construye destrucción y quebranto.

Hoy han rehabilitado el debate sobre el hecho producido por el 21-F, casi como desenterrar al occiso para reexaminarlo. La atención de todo lo dicho tiene al mismo actor en el centro de cada palabra. La trama sigue siendo la misma, como si el tiempo se hubiese detenido, una conducta aferrada en torno al poder y sus intenciones no desmentidas de dominio hegemónico. Si no respetas tu tiempo, nadie más lo hará, sentencia la expresión estoica. El tiempo ha transcurrido, en realidad, nunca pudo detenerse, quien quedó inalterado en el pasado es aquel que sigue martirizando a un pueblo con piedras y daños ensordecido ante el paso de su tiempo, entonces, otra vez, la culpa es del poder.

 

El autor es politólogo y vocero presidencial

miércoles, 20 de diciembre de 2023

La filiación

 


Por: Jorge Costas Arze


La familia es la base de la sociedad y el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral.

Para garantizar lo dicho líneas arriba, en Bolivia está el Código de las Familias o Ley 603, en la que encontramos en el artículo 18 o de “La acción de negación de paternidad o de desconocimiento de la paternidad”, que no puede intentarse por el marido después de seis meses, desde que ha tomado conocimiento de su registro, si estuvo presente, o desde su retorno al lugar donde se produjo el mismo, o domicilio conyugal, si no estuvo, o desde que descubrió el fraude, cuando se oculta el nacimiento.

El mismo artículo refiere que la persona que registró una filiación errónea puede también plantear la acción de negación de maternidad o paternidad en el término de cinco años computables desde la inscripción en el Servicio de Registro Cívico.

Otra consideración es pertinente, para mejorar el análisis.

Si el marido muere sin haber promovido la acción, vencido el plazo, sus herederos pueden ejercerla dentro de los seis meses que sigue al fallecimiento o al nacimiento del hijo si éste es póstumo.

Es realmente necesario realizar un análisis exhaustivo acerca de la caducidad que impone esta norma del Código de las Familias, para que quede sin efecto, de tal manera que la negación de maternidad o de paternidad pueda interponerse en cualquier momento, siendo imprescriptible, ya que la caducidad para demandar la negación de paternidad atenta contra el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, con referencia al derecho de petición como un derecho sagrado e inviolable.

A su vez, atenta contra los Artículos 108 y 109 del Código Niño, Niña y Adolescente, ya que tiene derecho a nombre propio e individual, a llevar los dos apellidos, paterno y materno, o un solo apellido sea de la madre o del padre y otro convencional para completar los dos apellidos (C.N.N.A. Ley 548-2014).

En la práctica leguleya, la interpretación de la ley está a cargo de los jueces, que aceptan demandas impensables; por ejemplo, el juez X acepta una demanda de impugnación de filiación, interpuesta por el hijo del padre fallecido (considerando que la madre también falleció), la misma dirigida a su “hermana” menor, ya que conoce que fue filiada cuando tenía 13 años; en la actualidad, cuenta con 25 años.

Corresponde el siguiente análisis: Al respecto, se precisa que la acción, intentada por el hijo, de “impugnación de filiación” al tenor de los artículos 20, 21-I y 22 de la Ley 603 es contradictoria con los hechos expuestos, ya que la filiación de su “hermana” data de cuando tenía 13 años, que la otorgó el padre fallecido, contando a la fecha con 25 años, es decir, hace 12 años, encontrándose en plena posesión de estado, por lo que se debería aplicar lo dispuesto por el Artículo 18 parágrafo II de la Ley 603 a la “negación de paternidad”, la misma se puede plantear en el término de cinco años computables desde la inscripción en el Servicio de Registro Cívico; en este entendido opera la caducidad de oficio como dispone el Artículo 1520 del Código Civil, por tratarse de derechos indisponibles.

Este extremo cuenta con el antecedente de que el hijo que impugnó la filiación también fue filiado a los tres meses de nacido, ya que la pareja no podía procrear hijos. Este caso demuestra la fetidez de nuestra justicia.

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